El presidente de Colombia presentará un plan para una renovación total y radical de la política global contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en una sesión especial de la asamblea general de las Naciones Unidas.

Al revelar sus propuestas en el Observer, Juan Manuel Santos dijo que se necesitan medidas urgentes para encontrar “una solución más efectiva, duradera y humana” para la miseria y la crisis del narcotráfico.

El elemento más sensacional de la presentación de Santos es el anuncio de que su gobierno, como resultado de un proceso de diálogos de cuatro años de duración que pronto dará frutos en un acuerdo de paz, implementará su propia lucha doméstica contra el narcotráfico junto a sus acérrimos enemigos, los guerrilleros marxistas de las FARC. El grupo admite haber financiado su guerra a través de lo que denomina un “impuesto” a las narco-utilidades.

Santos dice que “Colombia está cerca de lograr un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado de 60 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC, la insurgencia guerrillera de más larga duración en todo el mundo], un acuerdo de especial relevancia para este discurso sobre la ‘guerra contra las drogas’”.

“En la Colombia del posconflicto, las FARC pasarán de ser un obstáculo para la acción efectiva contra las drogas, a ser un aliado clave del gobierno contribuyendo con la sustitución de cultivos ilícitos, el suministro de información sobre rutas e instalaciones de producción, y esfuerzos de desminado para facilitar la erradicación de la producción de coca. Eso, por sí solo, cambia el juego”.

El llamado generalizado del presidente a la ONU reclama una revisión fundamental de la política global contra las drogas, el tráfico y el lavado de dinero del narcotráfico. “Hemos hecho mucho”, dice, “pero esto no puede ser el esfuerzo de un solo país. Con la autoridad moral que me da el hecho de liderar a una nación que ha soportado la carga más pesada de la guerra global contra las drogas, puedo decirles sin la menor vacilación que ha llegado el momento para que el mundo haga el tránsito hacia un enfoque diferente en su política antidrogas”.

Su primer punto le da un vuelco total a la idea vigente: él invita a los líderes “a enmarcar la política antidrogas dentro de un contexto de derechos humanos, que deje de victimizar a las víctimas del abuso de las drogas”.

“Bajo este principio”, dice, “esperamos avanzar para evitar la estigmatización de los consumidores de drogas, abolir la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, e implantar el tratamiento obligatorio para los consumidores de drogas, entre otras medidas”.

Una segunda propuesta busca facilitar que las naciones reformen sus leyes antidrogas de acuerdo con las necesidades y amenazas específicas de sus habitantes, en lugar de estar sujetas a camisas de fuerza impuestas por convenios internacionales. Si bien dichas reformas pueden “darse por fuera de convenios internacionales, debe continuarse con el desarrollo de experimentos controlados de regulación de los mercados de drogas, monitoreados por agencias de la ONU”. Esto abre el camino hacia la legalización o hacia la relajación de las leyes sobre castigo y posesión.

El tercer elemento de la propuesta desafía a la comunidad global a que adopte “un enfoque más integral” frente a la crisis de las drogas. “Necesitamos una transición, de una respuesta puramente represiva, a la introducción de un marco de salud pública para el tratamiento del consumo de drogas, centrado en la prevención, atención, rehabilitación y resocialización de los drogadictos”, dice Santos.

Él hace un llamado por “medidas alternativas diferentes a la prisión”, e invita a “priorizar una efectiva rehabilitación y resocialización de los infractores”. En países como Colombia, donde muchos medios de subsistencia dependen de la producción de drogas, Santos insta por “alternativas sociales y económicas” que “creen las condiciones necesarias regresar a esas personas a la legalidad”.

Un cuarto punto insiste en que los estados miembros “persistan en la lucha contra el crimen transnacional organizado”. Colombia, dice Santos, “seguirá ofreciendo su experiencia, pericia y capacidades en la lucha contra estas empresas criminales a cualquier país del mundo que pueda beneficiarse de nuestra adquirida a un altísimo costo”.

El embajador de Colombia en el Reino Unido, Néstor Osorio Londoño, dijo que “el mundo ya no puede darse el lujo de seguir atacando este problema exclusivamente con una respuesta represiva. Hay una necesidad urgente de definir un enfoque más integral que incorpore consideraciones socioeconómicas y de salud pública, junto con una cooperación internacional reforzada contra el crimen organizado. Las apremiantes realidades que nos han dejado cinco décadas de guerra contra las drogas son la evidencia más poderosa de la necesidad de un cambio”