El representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, citó a un debate de control político el próximo miércoles 27 de abril, en la Comisión Quinta de esa Corporación, con el fin de examinar las actuaciones de las instituciones ambientales en el proceso de licenciamiento para el proyecto “Área de Interés de Perforación Exploratoria Serranía”, por parte de la empresa Hupecol Operating LLC CO, en los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán.
Están citados Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente; Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura; Fernando Iregui Mejia, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales Naturales; Beltsy Barrera Murillo, directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA); Marcela Amaya García, gobernadora del Meta; e Ismael Medellín Dueñas, alcalde de La Macarena.
Precisamente sobre este tema, el congresista aseguró que el reciente anuncio del Presidente de la República, Juan Manuel Santos; y del ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, frente a la licencia ambiental otorgada para el proyecto hidrocarburífero es una “imprecisión”, pues dicha licencia no está suspendida en este momento. Esto último, subrayó el congresista, debido a que ninguno de estos dos funcionarios tiene facultades legales y constitucionales para suspender un acto administrativo y aún existe la posibilidad de que terceros intervinientes interpongan un recurso de reposición que tendría que ser resuelto por la ANLA.
“Esa licencia ambiental no tiene fuerza ejecutoria hasta que se decidan todos los recursos de ley, es decir, un recurso de reposición en este caso. Este viernes se vence el plazo para interponer ese recurso por parte de los terceros intervinientes que son los habitantes de La Macarena en desacuerdo con el proyecto. Una vez la ANLA decida ese recurso de reposición, la única manera de atacar la licencia sería por vía judicial. En caso de que no se presente ese recurso, el Ministro de Ambiente podría llegar a tener competencia para una revocatoria directa”, explicó.
Además; señaló que teniendo en cuenta la primera actuación del Director de la ANLA es muy poco probable que éste modifique su posición si se presenta un recurso de reposición, lo que dejaría en firme la licencia. “Si queda en firme la licencia se generaría una responsabilidad internacional por parte del Estado colombiano y a su vez un detrimento patrimonial. Hoy estamos igual, pues el anuncio político del Presidente y del Ministro no cambió en nada de la vida jurídica de la licencia ambiental”.
Un conflicto invisible
El Representante Asprilla también llamó la atención sobre un conflicto social que calificó como “invisible”, en esa zona del país. En ese sentido, indicó que la licencia ambiental es apenas la “punta del iceberg” de un conflicto sobre el uso y propiedad de la tierra, en territorios que estuvieron bajo la influencia de la guerrilla de las FARC.
Según dijo, la posible explotación de hasta 150 pozos petroleros es un gran obstáculo para que las familias campesinas accedan a la propiedad de la tierra, pues la Ley 1728 de 2014 prohíbe adjudicarle baldíos a campesinos a una distancia inferior a 2.500 metros, es decir, que en la práctica las familias campesinas que viven en ese polígono verán gravemente limitada su aspiración de acceso a una titulación por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
“Todo este tema genera una problemática muy grave para los campesinos, porque incluso esa zona coincide en un 30% con el denominado ‘Baldío de las Farc’, en donde habitan más de 6000 familias campesinas. Si se permite que se avance en la extracción de hidrocarburos, los campesinos que tuvieron que convivir con la guerrilla durante mucho tiempo, tendrán el problema de que no se les pueda hacer adjudicaciones. Esto genera una incertidumbre jurídica y social de los campesinos de la zona que además son señalados como testaferros de las FARC”, puntualizó.
