Un llamado a la Organización Mundial de la Salud hizo hoy el ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Alejandro Gaviria Uribe, para que apoye a los Estados miembros en la búsqueda de soluciones a los problemas de sostenibilidad financiera de los sistemas de salud.

Durante su intervención en la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, que se lleva a cabo en Ginebra (Suiza), el jefe de la cartera de Salud afirmó que “la presión tecnológica y los altos precios de los medicamentos pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la construcción de equidad”.

En efecto, los objetivos de desarrollo sostenible señalan que los Estados deben avanzar hacia la cobertura universal en salud, la protección contra los riesgos financieros, y el acceso a servicios, medicamentos y vacunas.

Por ese motivo, Gaviria Uribe solicitó a la organización el apoyo en el uso de instrumentos técnicos, como la regulación de los mercados monopólicos, la promoción de la competencia, la transparencia y el uso racional de medicamentos. “Los sistemas de salud insostenibles son también sistemas de salud injustos”, expresó.

La intervención se produjo en el contexto de la negociación que adelanta el Ministerio de Salud y Protección Social con el laboratorio Novartis para conseguir una reducción del precio del medicamento anticancerígeno imatinib, proceso que ha contemplado el uso de las llamadas flexibilidades a los acuerdos sobre propiedad intelectual.

“El proceso –comentó el ministro– ha estado acompañado de un gran debate internacional y también, quiero decirlo claramente, de algunas presiones. A la luz de nuestra experiencia resulta claro que las flexibilidades existen en la teoría de los tratados y los pronunciamientos multilaterales. Pero en la práctica son difíciles de aplicar”.

Durante su intervención, también señaló que la industria farmacéutica ha discriminado en contra de algunos países de ingreso medio, y citó el caso de Colombia, donde, en promedio, los precios de los medicamentos son más altos que en Europa.

Abajo, el discurso completo del ministro Alejandro Gaviria Uribe.

Quiero comenzar con un mensaje optimista. Vivimos un buen momento para el mundo. En el último año la comunidad global logró importantes acuerdos con respecto al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. Pero los desafíos pendientes son muchos. El virus del zika ha puesto en evidencia las consecuencias adversas del cambio climático y la fragilidad de nuestros sistemas de salud. Pero hoy quiero centrarme en otro desafío: la creciente importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles y los problemas de sostenibilidad asociados al acceso a tecnologías.

Colombia, como muchos otros países, tanto desarrollados como en desarrollo, ha definido la salud como un derecho humano fundamental, lo que significa, en esencia, que el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales es una obligación del Estado y una cuestión de justicia y dignidad humana.

Los objetivos de desarrollo sostenible señalan de manera explícita que todos los Estados miembros, sin excepción alguna, deben avanzar hacia “la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras”.

Este es un objetivo ambicioso que necesita tiempo, voluntad colectiva y determinación política. Durante las últimas décadas, Colombia ha avanzado con éxito en la búsqueda de la cobertura universal, el acceso equitativo y la protección financiera. La cobertura universal es casi un objetivo cumplido. Los avances en protección financiera han sido más profundos que en la mayoría de los países en desarrollo. En teoría, al menos, todos los colombianos tienen acceso a medicamentos esenciales, incluidos muchos medicamentos biotecnológicos de alto costo.

El camino no ha sido fácil. Todo lo contrario. Y será aún más difícil en los años por venir. Nuestras clases –Colombia duplicó su clase media en los últimos quince años– aspiran a tener el mismo acceso a servicios de calidad y nuevos medicamentos que sus contrapartes del mundo desarrollado. La industria farmacéutica ha discriminado en contra de algunos países de ingreso medio: en Colombia hemos pagado en promedio precios más altos que en Europa. La judicialización ha impedido la incorporación ordenada de las nuevas tecnologías. En suma, la presión tecnológica y los altos precios de los medicamentos son una amenaza cierta para la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Los sistemas de salud insostenibles son también sistemas de salud injustos.

Colombia cuenta con algunos instrumentos para hacer frente a este problema. Hemos combatido, por ejemplo, la discriminación por medio de instrumentos regulatorios basados en la referenciación internacional de precios. Hemos eliminado algunas barreras de entrada innecesarias a la comercialización de medicamentos biosimilares. Hemos fortalecido nuestra capacidad técnica para la evaluación de tecnologías en salud. Y hemos promovido el uso racional de medicamentos, la transparencia en las relaciones con la industria farmacéutica y el pago por valor.

Pero estos instrumentos no siempre son suficientes dada la magnitud del problema. Dentro de los instrumentos disponibles están también las llamadas flexibilidades a los acuerdos sobre propiedad intelectual. Muchas agencias multilaterales, incluida la OMS, han instado a los Estados miembros a usar estas flexibilidades. Pero en la práctica los obstáculos son muchos.

Así lo muestra nuestra experiencia reciente. Hace más de un año, por solicitud de la sociedad civil, el Ministerio de Salud de Colombia inició un proceso de declaración de interés público para un medicamento de alto costo, el imatinib. El proceso ha estado acompañado de un gran debate internacional y también, quiero decirlo claramente, de algunas presiones. A la luz de nuestra experiencia resulta claro que las flexibilidades existen en la teoría de los tratados y los pronunciamientos multilaterales. Pero en la práctica son difíciles de aplicar.

Quiero plantearle a esta Asamblea un mensaje sencillo, producto de la experiencia reciente de mi país. La presión tecnológica y los altos precios de los medicamentos pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la construcción de equidad. La OMS debe apoyar a los Estados miembros en su búsqueda de la sostenibilidad mediante instrumentos técnicos: la regulación de los mercados monopólicos, la promoción de la competencia, la transparencia y el uso racional de medicamentos. Para nosotros, lo digo sin grandilocuencias innecesarias, este apoyo es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible.

Muchas gracias.