–A las cero horas de este lunes 30 de mayo, se iniciará un nuevo paro en el territorio colombiano en el marco de lo que denominan “la gran minga nacional”, promovida por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y los diferentes sectores de trabajadores de la salud y educación, estudiantes, transportadores, víctimas, mujeres y ambientalistas.

Según los promotores, “la Gran Minga Nacional tendrá jornadas de movilización pacífica, marchas, concentraciones, plantones, encuentros culturales, que se realizarán en todo el territorio nacional para expresar nuestra inconformidad con el actual modelo económico y de desarrollo, que no corresponde con los sueños del pueblo por alcanzar la paz con justicia social y ambiental”.

Simultáneamente se manifestarán en apoyo al proceso de diálogos de paz con las Farc en la mesa de la Habana, igualmente en favor del inicio de dialogo con el otro grupo guerrillero autodenominado Ejército de liberación nacional, Eln, “pues –afirman– estamos convencidos de la salida negociada al conflicto armado”.

En el comunicado sobre las motivaciones del nuevo paro, señalan que protestarán contra “las políticas gubernamentales que responden a los Tratados de Libre Comercio y se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que pone en venta los recursos estratégicos de la nación, las empresas públicas, los bienes energéticos, el agua y distribuye de manera inequitativa la tierra, aumentando los beneficios a unos pocos y excluyendo a millones de ciudadanos, campesinos, indígenas y negros de sus legítimos derechos”.

“También nos oponemos de manera radical a la ley de seguridad ciudadana, que viola las libertades democráticas, al nuevo código de policía y la actuación represiva del ESMAD contra las justas protestas de las personas”.

Además rechazan “las detenciones arbitrarias, la persecución, hostigamientos y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como el accionar criminal de paramilitarismo que atenta gravemente contra las organizaciones sociales populares y pone en riesgo la consecución de una paz estable y duradera”.

Adicionalmente, reclaman del gobierno nacional “que se garantice la participación activa, vinculante y decisoria de las comunidades para diseñar y construir la Reforma Agraria Integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra y reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural”.

Hacen énfasis en que el gobierno nacional no ha tenido en cuenta y ha incumplido los compromisos asumidos a raiz de las movilizaciones de los años 2013 y 2014, lo mismo que del 24 de enero y 17 de marzo de este año.

Al efecto, sintetizan los 8 puntos que el gobierno Nacional ha incumplido, así:

Tierras, territorios y ordenamiento territorial: En este punto las comunidades le han exigido al gobierno que sean ellas las que redefinan como se organiza el territorio, que se reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que se reconozcan las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas y ancestrales, las zonas agroalimentarias, los territorios afrocolombianos. Territorios que se ha visto afectados por la nplementación de un modelo agroindustrial y mineroenergético que esta genenrando despojo en los territorios.

La economía propia contra el despojo: Las diferentes organizaciones y comunidades exigen al gobierno que se derogue la ley ZIDRES que ha promovido inversión por parte multinacionales y agroindustriales, afectando a los pequeños productores campesinos, las comunidades rurales y sus prácticas culturales. A su vez plantean la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria a través de proyectos institucionales que estén hechos a partir de la realidad de las comunidades. De otro lado expresan que las comunidades también deben participar de la construcción de lo que sería una Reforma Tributaría que incluya las problemáticas de los sectores populares.

Minería, Energía y Ruralidad: Las últimas licencias otorgadas en diferentes partes del país a multinacionales para la explotación del subsuelo ha incumplido con los acuerdos sobre la moratoria minera, la obligación de las sentencias de consulta previa a las comunidades para los proyectos de extracción y explotación del subsuelo, y el replanteamiento de una política minero energética más amigable con la tierra.

Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia: Las comunidades y organizaciones exigen al gobierno la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, garantías y respeto a los derechos humanos para las comunidades, debido a las situaciones de hostigamientos que se han presentado en diferentes territorios , a su vez exigen que se establezca una política real que confronte al paramilitarismo que se encuentra activo y amenaza a las comunidades diariamente.

Paz, Justicia Social y Solución Política: Las comunidades y organizaciones aplauden y apoyan los avances en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, sin embargo hacen un llamado a la mesa de diálogos para que se involucre al movimiento social y popular en la discusión del proceso para construir una paz vinculante y participativa.

Derechos Sociales: Diferentes sectores del movimiento social han expresado la vulneración a derechos como la educación, salud, trabajo, vivienda digna y recreación en la medida de que aún no se garantizan a toda la población colombiana y se profundiza cada vez más la crisis de desfinanciación estatal a hospitales y universidades públicas.

Relación Campo – Ciudad: Las comunidades le exigen al gobierno nacional la defensa del agua como un derecho fundamental y la protección a las fuentes hídircas afectadas por la otorgación de títulos mineros en diferentes regiones donde se encuentran. Además demandan frenar la venta de empresas públicas como la ETB.

Cultivos de Coca, Marihuana y Amapola: Las comunidades insisten en que las políticas antidrogas del gobierno Nacional son un fracaso y decisiones como la fumigación manual con glifosato solo demuestran la arbitrariedad e improvisaciónque el mismo tiene frente a la visión y tratamiento de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Por ende exigen la creación de programas de sustitución gradual, concertada, estructural y ambiental de estos cultivos.

De acuerdo con Gimmy Moreno, vocero de Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, este 30 de mayo “es la hora cero para dar inicio al Paro, pero la duración de este dependerá de la voluntad de sentarse a negociar por parte del gobierno y la negociación se hará en caliente, es decir en el marco de la movilización de las comunidades”.

“Como Cumbre Agraria llevamos ya casí 2 años con una mesa de negogiación y el gobierno resume la soluciones en pequeños proyectos pero en el marco de avanzar en temas más concretos el gobiernos cierra las puertas. La movilización es producto del incumplimiento por parte del gobierno nacional en el tema de la negociación de los 8 puntos del pliego”, concluyen.