Con la autorización, la policía no necesita orden judicial para intervenir un teléfono celular durante una investigación criminal, dictaminó un tribunal de apelaciones estadounidense el martes, en un caso seguido de cerca por sus implicaciones sobre la privacidad.

El caso resuelto por el tribunal de apelaciones del cuarto circuito de Virginia está entre varios pendientes en los tribunales sobre “privacidad y localización”, o si usar la tecnología digital para obtener información de celulares viola las garantías constitucionales contra investigaciones arbitrarias.

La decisión, que puede ser apelada ante la Suprema Corte, representa una derrota para una coalición de grupos que luchan por el derecho a la privacidad, que incluye a la Unión estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU) y otros.

Los jueces aprobaron por 12 a 3 la resolución, que revoca la decisión de un panel de tres jueces del mismo circuito, que habían dictaminado que la policía violó los derechos de los acusados en una investigación sobre una serie de robos a mano armada.

La jueza Diana Motz, que redactó la resolución aprobada por mayoría, dijo que la autorización no es necesaria para obtener información porque los usuarios de celulares “voluntariamente” dan esos datos a las compañías telefónicas cuando realizan una llamada o envían un mensaje de texto.

“La cuarta enmienda no protege información voluntariamente dada a conocer a una tercera parte porque incluso una expectativa subjetiva de privacidad en tal información no es algo que la sociedad está preparada para reconocer como ‘razonable’”, señala Motz. Con AFP