La Procuraduría General abrió una investigación preliminar contra la Policía Metropolitana de Bogotá, por presuntos casos de violación de los derechos humanos y falta de garantías en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ).

La investigación del Ministerio Publico se enmarca dentro de los hechos que hizo público el concejal Germán García (Partido Liberal), en los que mostró cómo los detenidos que eran conducidos a dichas instalaciones debían desnudarse como parte de las requisas.

“Me preguntó si la Procuraduría tenía conocimiento de oficiales que hubieran ordenado este tipo de actuaciones. Respondí negativo, porque no tengo conocimiento de eso”, expresó el cabildante García.
Las personas conducidas a la UPJ son sometidas a requisas al desnudo, vulnerando el derecho a la libertad, intimidad y pudor.

De igual forma, los conducidos son obligados a hacer cuclillas para que expulsen cualquier elemento que puedan llevar en su organismo.

Según el concejal, cada mes más de 2 mil 400 personas son conducidas de forma irregular a estos lugares.

“Respecto a las falencias a nivel administrativo, los dispositivos tecnológicos que aquí deben ser utilizados están fuera de funcionamiento a pesar de existir los arcos detectores de metales, el circuito cerrado de televisión y los ascensores. Además, antes funcionaban tres plantas de la bodega en donde funciona la UPJ y hoy solo funciona una planta, lo que adicionalmente genera un hacinamiento sobre todo los días sábados, domingos y lunes“, manifestó el cabildante.