El juzgado 50 administrativos de Bogotá le ordenó al alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, adelantar todos los trámites para conformar y convocar a una mesa de concertación con los vendedores informales de la capital de la República.

Se consideró que el mandatario distrital incumplió el artículo 4 del decreto 098 de 2004 cuando ordenó el retiro y desalojo de los vendedores ambulantes de diferentes calles de Bogotá en febrero del presente año.

La decisión señala que el Distrito no convocó a las entidades del Distrito respectivas y a los representantes de las asociaciones de vendedores informales para diseñar y evaluar la política distrital relativo al uso y aprovechamiento del espacio público.

El juzgado resolvió una acción de cumplimiento presentada por el representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla que indicó que con la decisión la Alcaldía había actuado en contra de los derechos de los trabajadores informales, afectando su calidad de vida y las de sus familias.

“Es triste acudir a iniciativas judiciales para que un alcalde cumpla con lo que debe ser un principio democrático como sentarse a dialogar con las personas que resulten afectadas con sus políticas”, puntualizó Asprilla.