A través de una carta dirigida al expresidente Cesar Gaviria Trujillo, el general en retiro, Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en ese municipio del departamento del Meta,  cuando fungía como excomandante de la Brigada VII del Ejército, aseguró que  aceptará  que su caso sea sometido al Tribunal Especial de Paz, para demostrar su inocencia  “en caso que existan las más mínimas garantías” procesales.

En su misiva, Uscátegui señala que no ha tenido un juicio justo en los 17 años  que lleva recluido, por un delito – del cual aduce – no haber cometido:

“Durante los últimos 17 años he permanecido preso por un delito que no cometí: omisión frente a la “Masacre de Mapiripán”. Nadie puede aseverar que he tenido un juicio justo, hacerlo sería desconocer las falsas víctimas, los falsos testigos y las falsas pruebas que han fundamentado mi proceso y que son de conocimiento público”, explicó.

Asegura, además, que  ha sido desahuciado por  la justicia al recibir una condena  de 37 años – por  los hechos mencionados – y después haber sido absuelto dos veces en los años 2007 y 2009, por lo que, añade, su única  esperanza es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia  “en un acto de humanidad” emitan un pronunciamiento favoreciendo sus derechos.

En la misiva, el general le dice al expresidente que agradece su preocupación sobre los militares que están presos por omisión en el marco del conflicto, pero que no aceptaría quedar en libertad sin que se le reconozca su inocencia.

“Salir en esas condiciones sería el mayor acto de deshonra al que se me puede someter. Estoy seguro que una persona de sus calidades haría lo mismo”, aseguró. Y agregó: “Someteré mi caso, en la medida de que existan unas mínimas garantías, al Tribunal Especial de Paz para demostrar mi inocencia. Hasta el último de mis días reivindicaré mi buen nombre y la honorabilidad de mis tropas que dirigí” reseña en el documento.

La Masacre de Mapiripán, ourrió entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio Mapiripán del departamento del Meta, que costó la vida de un número no determinado de ciudadanos en manos de grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país.

El Estado colombiano por medio de la Fiscalía General de la Nación logró comprobar que quienes ejecutaron dicha masacre fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, cargos por los que se condenó al extinto jefe de las AUC, Carlos Castaño.

El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros del Ejército colombiano y los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la masacre.

Lea la carta completa a continuación: