Este jueves el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez aseguró que “La Procuraduría desea y está dispuesta a intervenir, cuando le sea solicitado, en la solución pronta de las tensiones que se han suscitado”, de cara a la grave problemática que vive el país como consecuencia del paro de camioneros.

Ordóñez sostuvo que es preocupante la toma de vías de hecho que agravan la situación y amenazan la seguridad de manifestantes y ciudadanía en general, recordando que el diálogo y el cumplimiento de compromisos adquiridos son los canales idóneos ante la crisis.

El Procurador advirtió que: “Lo que desea la ciudadanía es que el diálogo sea el instrumento adecuado para resolver esas tensiones. Es necesario que las vías de hecho no se generalicen, pero es también muy importante que el Gobierno cumpla con lo que se ha comprometido. Cuando el Gobierno se compromete con sectores sociales, esos acuerdos son vinculantes y hay unos acuerdos previos, en los cuales la Procuraduría intervino hace varios años. El Gobierno debe cumplir, no es una decisión dadivosa, los acuerdos vinculan a la autoridad”.

Además insistió en la necesidad de reconocer quiénes son los delincuentes y quiénes los sectores sociales, pues reprimir la protesta ciudadana es una contradicción cuando se otorgan concesiones y privilegios al terrorismo.

Al respecto señaló: “Causa mucha preocupación que a los camioneros se les trata como terroristas y a los terroristas se les trata como empresarios. Eso lo que genera es una deslegitimación y vale la pena advertirlo, eso es de dominio público. A partir de las concesiones que el Gobierno ha venido haciendo en La Habana, va a perder cada vez más gobernabilidad puesto que asumir posiciones de fuerza después de hacer las concesiones que se le han hecho a las FARC, deslegitima a la autoridad pública”.

El Procurador habló desde La Paz, Cesar, donde atendiendo la invitación de pueblos indígenas de la Serranía del Perijá, atiende inquietudes y problemáticas en referencia a las “zonas de concentración” acordadas por Gobierno y FARC en La Habana.