Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, se refirió así a la amenaza y la tensión que significa a los derechos ciudadanos, de padres e hijos, la política que impulsa el Gobierno en la actualidad en instituciones educativas y que ha generado la protesta de familias, sectores sociales y educadores.

“Hay una tensión entre el derecho que tienen los padres de familia a escoger la educación de sus hijos, el derecho que tienen los ciudadanos y los padres de familia a asociarse para transmitir una educación a sus hijos, y la libertad de la conciencia que tiene todo ciudadano. A los ciudadanos no se les puede obligar a actuar contra la conciencia. Ni una ley, ni una decisión administrativa, ni una decisión judicial pueden violentar la conciencia”, aseguró procurador general.

También hizo la advertencia de que dichas decisiones ponen en riesgo derechos amparados por la Constitución y por ello es necesario generar espacios de discusión que protejan las garantías de padres, hijos, familias y educadores.

Y agregó que: “Lo que está en riesgo son derechos reconocidos por la Constitución: El derecho a la libertad de la conciencia, el derecho de asociación y el derecho que tenemos los padres de familia a escoger la educación de nuestros hijos”.

También habló del Fiscal General de la Nación

Dijo Ordóñez: “La llegada del doctor Néstor Humberto Martínez le dará tranquilidad al ciudadano y a la justicia, él es un profesional de gran trayectoria, una persona ponderada, una persona equilibrada, que en el ejercicio de su función no va a tener los sesgos políticos o ideológicos que tuvo la anterior administración”.

También manifestó la posisición de la Procuraduría frente a crisis de Electricaribe y problemática migratoria en Urabá y ante la grave y continua problemática de la costa colombiana por las deficiencias del servicio de la empresa Electricaribe.

El Jefe del Ministerio Público dijo que: “La Procuraduría no puede administrar o coadministrar, pero los hechos son casi endémicos y resultan afectando los derechos ciudadanos. Los ciudadanos, en promedio, anualmente sufren más de 90 horas de suspensión del servicio y la magnitud de ese drama se manifiesta igualmente en el servicio de justicia, al cual acuden reiteradamente con tutelas para lograr que se preserven y se protejan los derechos”.

Y agregó: “Esos temas implican a la misma Electricaribe, pero también a las autoridades nacionales. Lo que ha hecho la Procuraduría es defender los derechos de los ciudadanos e instar a la autoridad para que se garantice la prestación del servicio. La amenaza que se tiene es la existencia de un apagón y hay, incluso, mucha preocupación de la Procuraduría por los problemas financieros de Electricaribe. El informe de la Contraloría General da de ello”.