–El coronel Wilson Ramírez Cedeño y el capitán Javier Enrique Alarcón Villa fueron condenados este martes a 50 años de cárcel por un «falso positivo» en el cual fueron asesinados dos jóvenes en el departamento de Antioquia.

Dentro del mismo proceso, fueron condenados los soldados profesionales Eider Vega Arrieta, a 40 años de presidio y Carlos Vega Arrieta, a 25 años.

Las sentencias fueron proferidas por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia, con base en la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

El coronel Wilson Ramírez Cedeño y el capitán Javier Enrique Alarcón Villa, fueron condenados como coautores del delito de homicidio agravado en persona protegida en concurso homogéneo y falsedad ideológica en documento público.

A su turno, el soldado Vega Arrieta recibió la condena en calidad de coautor de homicidio en persona protegida, en concurso con concierto para delinquir agravado y su compañero, Vega Arrieta, como cómplice de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y autor de concierto para delinquir.

El «falso positivo», por el cual se produjeron las condenas ocurrió el 30 de enero de 2008 en la vereda «La Laguna del Miedo», en el municipio de Yondó, donde fueron baleados y muertos por una patrulla militar los jóvenes Javier Leonardo Franco Carvajalino y Róbinson Antonio Trujillo Márquez.

Entonces, los responsables del operativo informaron que personal adscrito al Batallón Batalla de Calibío, que se encontraba tras la pista de dos delincuentes, ordenó el pare a dos ocupantes de una motocicleta, quienes además de no acatar la orden, dispararon contra los uniformados, generándose una respuesta militar que terminó con la muerte de los dos civiles.

Al respecto, la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos, que fue acogida por el juez, concluyó que las víctimas fueron engañadas para que se dirigieran al sitio donde el personal militar procedió a dispararles, sin mediar provocación que justificara tal acción.

Además, la fiscalía estableció que, de acuerdo con las pruebas, se manipuló y modificó la posición de los cuerpos, se instalaron dos armas y una granada en sitios y disposiciones que aparentaban un porte y una agresión, procediendo a dar aviso a las autoridades de policía judicial para el respectivo levantamiento.

En síntesis, se estructuró una versión oficial para aparentar que la muerte fue en combate, puntualizó el organismo investigador.