La creación del Plan Nacional de Salud Rural, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, la recuperación emocional de las víctimas de la violencia, y la atención en salud en las zonas veredales son los principales retos que plantea el Acuerdo Final con las Farc al sector salud.

El texto redactado en La Habana contiene compromisos coyunturales y de largo plazo. Entre los primeros, aquellos relacionados con la atención en salud a toda la población –incluyendo a los excombatientes– de las veintidós zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y los seis puntos transitorios de normalización, para los que el Ministerio de Salud y Protección Social ha desarrollado un plan de contingencia.

En el largo plazo, el mayor reto será el cierre de brechas. La mención de la palabra salud en 42 oportunidades a lo largo de las 297 páginas del Acuerdo Final es muestra de la gran labor que desde este frente se llevará a cabo, particularmente para el beneficio de poblaciones históricamente desatendidas.

Salud rural

Los compromisos para el campo, descritos en el primer punto del texto final, se orientan principalmente a acercar la oferta de servicios a las comunidades, a adoptar un enfoque diferencial para los requerimientos de las mujeres, a desarrollar programas contra el hambre y la desnutrición, y a fortalecer el sistema de protección y seguridad social.

El Plan Nacional de Salud Rural, cuya creación e implementación fue establecida en los acuerdos, contempla la construcción y el mejoramiento de la infraestructura del sector. Esta incluye la dotación de equipos y la adopción de tecnologías como la telemedicina.

El Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) –presentado por el Ministerio en febrero de este año y donde se plantea que la atención debe adaptarse a cada población– puede considerarse un anticipo de lo convenido con las Farc. En efecto, el Acuerdo Final establece “la creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en la prevención, que permita brindar atención en los hogares o en los lugares de trabajo”.

A su vez, el “sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural” –que demandará una visión intersectorial– tendrá entre sus propósitos la lucha contra el hambre, “especialmente para la población rural en condiciones de miseria, las mujeres gestantes y lactantes, niños y niñas, y para la tercera edad”.

En este apartado, Gobierno y Farc incluyeron planes de choque para la población rural más vulnerable, y la realización de campañas orientadas a promover buenos hábitos alimentarios.

Contra el consumo de drogas

El punto 4 del Acuerdo Final es reiterativo en que la solución al consumo de las drogas ilícitas debe darse desde una perspectiva de salud pública, política promovida sistemáticamente en el actual gobierno. En este sentido, insta al “trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la familia en torno a una política de promoción en salud, prevención, reducción del daño, atención integral e inclusión social de los consumidores y las consumidoras”.

Aparte de realizar brigadas de salud y de construir puestos de salud como parte del programa de sustitución de cultivos, el Gobierno diseñará el Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, que incluirá “acciones complementarias de rehabilitación e inserción social con enfoque de género”.

Así mismo, la política sobre el consumo será revisada y ajustada para que tenga mayor sustento en la evidencia y mayor especificidad según edad, género, condición socioeconómica y ubicación geográfica de los consumidores.

Expertos en la materia, padres de familia, comunidades religiosas y personas consumidoras conformarán una instancia para que, entre otros aspectos, identifiquen experiencias internacionales exitosas y vulnerabilidades locales, y desarrollen programas en instituciones educativas.

Mitigar el sufrimiento

Finalmente, la rehabilitación psicosocial de las víctimas –descrita en el punto 5– se orientará hacia su recuperación emocional. El Gobierno y las Farc pactaron la ampliación de la cobertura pública y el mayor despliegue territorial para la atención según el daño específico, incluido el causado por la violencia sexual.

“Para ello –dice el Acuerdo Final– se multiplicarán los centros locales de atención a las víctimas y se impulsarán estrategias móviles para llegar a los lugares más apartados. Así mismo, el Gobierno Nacional fortalecerá el acceso y los servicios de salud mental para las víctimas que así lo requieran”.