–Una denuncia penal contra el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el presunto delito de prevaricato por omisión, al no haber combatido las redes criminales del Bronx, instauró el Concejal de Alianza Verde Jorge Torres.

“Radicamos esta denuncia porque consideramos que el ex alcalde Gustavo Petro no combatió como correspondía a las bandas criminales del ‘Bronx’, indicó el cabildante.

“Hicimos una recopilación de diferentes testimonios que dan cuenta de los delitos y crímenes que se cometían y la intervención del anterior gobierno era limitada o prácticamente nula”, añadio luego de realizar la diligencia en la Fiscalía.

El concejal recordó que en 2012, cuando se inició el mandato de Gustavo Petro, la llamada “calle del Bronx” ya se conocía como “el mayor centro de tráfico de armas y drogas del país”, como lo describió un importante medio impreso en octubre de ese año. Según el mismo diario, en septiembre del año anterior un policía había sido asesinado durante un operativo, y citando al general Luis Eduardo Martínez, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá afirma que, en 2012, se estaban ofreciendo 20 millones de pesos por el asesinato de cada policía que intentara entrar al Bronx.

Entre los años 2013 y 2015–dijo–, a través de diferentes medios masivos de comunicación de alto reconocimiento, se presentaron denuncias públicas, algunas puestas en conocimiento a la Fiscalía, referentes a trato cruel a personas indefensas, abuso sexual, maltrato, tortura, explotación sexual infantil, aparte de otros delitos mayores como tráfico de drogas y tráfico de armas que se cometían en el Bronx.

Advirtió que uno de los hechos más notorios a principios de la administración de Gustavo Petro fue el asesinato de un funcionario de la Secretaría de Integración Social, Óscar Javier Molina Trujillo, quien trabajaba en el Bronx y murió a causa de tres disparos en la cabeza que le propinaron dos sicarios motorizados el 28 de septiembre de 2013. Según informó un medio televisivo, “el secretario de Integración Social de Bogotá Humana, Jorge Rojas, dijo que horas antes de su muerte el funcionario había sido víctima de una agresión en inmediaciones de la calle del Bronx, donde estaba prestando los servicios sociales de la Secretaría”.

“Se pide que con base en estos testimonios, informes y pruebas que fueron de público conocimiento, la Fiscalía inicie una investigación sesuda de estos hechos y determine si el ex alcalde Gustavo Petro prevaricó por omisión por no combatir los delitos que allí se producían”, afirmó el concejal de la Alianza Verde.

Explicó que la denuncia penal fue presentada en contra del ex alcalde y las demás personas que puedan resultar comprometidas en la investigación por el presunto delito de prevaricato por omisión, que según el artículo 414 del Código Penal colombiano es aquél en que incurre el servidor público “que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones”. Este delito se castiga con una pena de 32 a 90 meses de prisión, multa de 13,33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.

Hizo énfasis en que el ex alcalde Petro presuntamente omitió, rehusó o denegó el cumplimiento de sus obligaciones como primera autoridad de policía de la ciudad. Como estipula el artículo 35 del Decreto 1421 de 1993, o Estatuto Orgánico de Bogotá, en tal carácter “el alcalde mayor dictará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas”.

Además subrayó que el mandatario habría incumplido lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1098 de 2006, o Ley de Infancia y Adolescencia, que establece que “el Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”, entre ellos el derecho a la integridad personal y los derechos de protección contra la explotación económica, el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas, la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, el secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.

“Este es un llamado para que todo aquel mandatario o alcalde de cualquier municipio no permita que existan repúblicas independientes en donde impere el crimen y se tomen las medidas pertinentes e inmediatas cuando existan delitos que pongan en vulnerabilidad a los niños y adolescentes en Colombia”, concluyó el concejal Torres.