En su más reciente estudio económico, Oxford Business Group analiza a la decisión tomada por el gobierno colombiano de controlar el precio de uno de los medicamentos contra el cáncer más demandados está suscitando dudas acerca del balance apropiado entre ofrecer medicamentos accesibles y el fomento de la inversión en innovación.

A mediados de septiembre, el gobierno confirmó un anuncio hecho en junio en el cual el Ministerio de Salud emitió una Declaración de Interés Público (DPI) del medicamento Imatinib o Glivec para reducir significativamente su precio, cuya patente colombiana, propiedad de la farmacéutica suiza Novartis, no expira hasta mediados de 2018.

“Procederemos sin demora a la fijación de precio con una reducción de algo más del 45 % frente a lo que pagaba el sistema de salud”, dijo el ministro de salud Alejandro Gaviria a una estación de radio local a mediados de septiembre. Actualmente, Glivec cuesta cerca de US$ 43 por pastilla en Colombia.

La decisión llega después de una larga disputa con Novartis sobre el precio del medicamento. A principios de este año, el gobierno amenazó con conceder una licencia obligatoria que permitiría la fabricación o importación de una versión genérica sin el consentimiento del titular de la patente.

Los costos de la salud

El gasto público en salud ha aumentado significativamente en los últimos 20 años. La cobertura casi se ha cuadruplicado entre 1999 y 2014, alcanzando al 96,6% de la población.

A la vez que ha aumentado el gasto del gobierno, los desembolsos que los pacientes hacen de su propio bolsillo han disminuido, según datos de la OCDE, del 52% al 14% del total sobre el mismo periodo. Aunque este porcentaje está entre los más bajos de América Latina, y por debajo de la media de la OCDE que se ubica en el 19%, el gobierno colombiano ha decidido reducir aún más el costo para los pacientes.

En Febrero del año pasado el gobierno aprobó la Ley Estatutaria de Salud, que le da a los pacientes el derecho a cualquier tratamiento farmacológico con licencia en el país sin importar el costo del mismo. Dicha ley, que declara que la salud es un derecho fundamental para todos los colombianos, también dió a los médicos el derecho a usar su propio criterio a la hora de prescribir medicamentos. Según cifras del Ministerio de Salud, esta ley podría añadir unos US$700 millones al gasto público anual en medicinas.

Esto podría provocar que el gobierno termine costeando buena parte de la mencionada ley en lo que se refiere a medicamentos caros y de marca, como Glivec, que cuestan cerca de US$15.000 por paciente al año, casi el doble del PIB per cápita del país.

El gasto público en salud, el cual alcanzó el 5,4% del PIB en 2014 según las últimas cifras del Banco Mundial, es alto en comparación con el 4,5% de Ecuador, 3,8% de Brasil y 3,3% de Perú.

Los genéricos son vistos como una parte importante de la solución al problema del crecimiento de los costos. De acuerdo al Ministerio de Salud, con los precios actuales y sin la opción de los genéricos, el gobierno tendría que gastar cerca de US$15 millones al año sólo para costear Glivec.

Consecuencias para la industria

La disputa con Novartis sobre el precio de Glivec tiene importantes implicaciones para la industria. Aunque las licencias obligatorias están incluidas en un acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio –el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) – hay espacio para la interpretación. Por ello, la industria farmacéutica ha estado siguiendo de cerca el caso Novartis para ver cómo otros países de ingresos medios podrían actuar para reducir los costos de los medicamentos en el futuro.

A pesar de que el caso Glivec habría sido el primero de una licencia obligatoria en Colombia, hay precedentes en otros países de la región. En los últimos 10 años, Brasil y Ecuador han otorgado licencias obligatorias para la manufactura de versiones genéricas de medicamentos patentados por las norteamericanas Merck y Abbot, respectivamente.

Miembros de la industria a nivel internacional han advertido que las perspectivas de licencias obligatorias podrían servir como un desincentivo para las compañías que buscan llevar productos innovadores a Colombia.

Impacto en el I+D

“Enmarcar el debate de Glivec como una confrontación entre intereses públicos contra intereses privados es una falsa dicotomía,” dijo a OBG Gustavo Morales Cobo, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia (Afidro). “Lo que de verdad está en juego aquí es el cuestionamiento de la propiedad intelectual, junto a millones de dólares en futuras inversiones en investigación y desarrollo (I+D) que las compañías farmacéuticas no estarán dispuestas a hacer si sus patentes no son respetadas”.

Por ejemplo, se estima que en 2001 Novartis gastó entre US$38 millones y US$96 millones durante la segunda fase de ensayos clínicos para la aprobación de Glivec por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food & Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos, según un estudio de la firma de investigación Knowledge Ecology International.

En vista de ello, la industria de innovación médica de Colombia, aunque pequeña – la inversión total en I+D sólo representó el 0,19% del PIB en 2014, de acuerdo al Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología– podría probablemente verse beneficiada si se preserva la patente de Novartis.

“Dada la reducción del presupuesto del Estado, el sector privado tiene un papel más importante que desempeñar en todo el proceso de I+D, de principio a fin” dijo a OBG Alejandro Olaya, vicepresidente de Colciencias, el ente responsable de la I+D en el país. “De los US$30 mil millones que el Estado tiene previsto invertir en ciencia y desarrollo tecnológico, según el borrador de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación 2015-2025, la mitad debería venir del sector público y la otra mitad del sector privado.”

Aunque el gasto per cápita en registro de patentes en Colombia es más bajo que en Argentina, Brasil y Chile, el gasto interior bruto en I+D se incrementó más de cuatro veces entre 2003 y 2011, lo que sugiere unas fuertes perspectivas de crecimiento continuo en un mercado de 48 millones de personas.