Por: Luis Eduardo Forero Medina
El transporte escolar en varios países de América Latina se empezó a prestar por madres de familia que vieron en este oficio una forma de aumentar sus ingresos.En Colombia el servicio público de transporte terrestre automotor especial, en el que se incluye el transporte escolar, ha sido regulado en 1993,1996, 2001, 2005, 2008 , 2009; y últimamente en 2015 mediante el decreto 348 que prevé un régimen de transición hasta febrero de 2017 para que las transportadoras se adecúen a la nueva normativa, y hasta el 31 de diciembre de 2019 en cuanto al tiempo de uso de las unidades.
En Colombia esta modalidad de transporte lo contratan padres de familia pertenecientes a colegios privados; y para millones de estudiantes de instituciones públicas, el traslado hasta y desde el establecimiento educativo, corre por cuenta de cada uno.
Sobre la antigüedad de las unidades escolares en Colombia no podrán tener más de quince (15) años de uso, desde la fecha del registro; sin embargo por fuera de la ley en una mesa de concertación con el gobierno, se amplió a 20 años para conjurar una protesta de los transportistas. En Chile la antigüedad máxima para estos vehículos es de 14 años; en España, que cuenta con una flota de autobuses de las más modernas, los vehículos escolares no pueden rebasar la antigüedad de 16 años.
En Europa el autobús es considerado como el medio más seguro y usado para los escolares; en Colombia se utiliza generalmente el microbús con capacidad de 10 a 19 pasajeros; en la provincia de Buenos Aires, el servicio se presta con micros, combis y remises; en Quito los escolares se movilizan en automóvil, furgoneta o minifurgoneta
En Bogotá donde hay más de veinte mil automotores de transporte escolar según la Alcaldía, a lo largo de la autopista norte es común el escenario de muchos niños y niñas durmiendo, haciendo desplazamientos kilométricos que duran más de una hora, superior al tiempo adoptado en Madrid, España y en Santiago de Chile, limitado a 60 minutos. Los vehículos escolares transitan en Bogotá a una velocidad promedio de 20 kms por hora, y cuando el tráfico se descongestiona andan a más de 60 kms; en algunos países de la Comunidad Económica Europea, además que el vehículo debe tener instalado un tacógrafo y un limitador de velocidad, la velocidad permitida para los autobuses escolares es 10km/h menor que la establecida en la vía. De acuerdo a expertos en seguridad vial, si un accidente ocurre a 50 kilómetros por hora, la posibilidad de que un niño, sin ninguna medida de seguridad, sobreviva es prácticamente nula.
En Colombia, contrario a lo que se usa en Argentina, el Ministerio de Educación no es competente para llevar a cabo procesos de contratación ni de llevar procesos de veeduría en el servicio de transporte escolar, labor asignada a las autoridades locales. Las tarifas en Colombia no se reglamentan por el Estado, sino que se deja a los particulares pactarlas libremente; en la provincia de Buenos Aires recientemente se fijó un precio único por kilómetro en el transporte escolar.
En comparación con otros países la legislación colombiana referente al transporte escolar está rezagada respecto a la antigüedad de los vehículos que es mayor; la falta de aplicaciones de ruta segura para que los padres o cuidadores sepan la ubicación del vehículo durante la ruta; y la labor del acompañante que debe portar chaleco reflectante, y acompañar a los usuarios al bajarse y subirse, y cuando los niños se ven obligados a cruzar la calle. Según la estadísticas el 90% de los accidentes ocurren cuando los niños suben o bajan del automotor.
En el país los vehículos escolares no disponen de sillas infantiles homologadas ni adaptadas para personas en condición de discapacidad, y al parecer varias empresas no contemplan en sus políticas la seguridad y comodidad con que debe ofrecerse el servicio.
El palo en la rueda del transporte especial, agrupado en la Confederación Colombiana del Transporte Escolar y Especial, es la piratería, alimentada supuestamente por la falta de campañas de vigilancia concretamente del transporte escolar. También hay quienes opinan que esos operativos afectan a niños y niñas, y retrasan el tiempo de la ruta.
De enero de 2015 a septiembre de 2016 las autoridades de tránsito impusieron 71.753 comparendos por piratería en todo el país, por un valor de $43.161 millones, según la Superintendencia de Puertos y Transporte, entidad que comprobó que las Secretarías de Tránsito y Movilidad no suspenden inmediatamente la licencia de los conductores infractores. Las 3 ciudades donde más se cometen esas transgresiones son Barranquilla, Bucaramanga y Cali.
Hoy, la informalidad es uno de los grandes problemas que afectan el transporte masivo de las ciudades, agregó Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte
@luforero4
