El Concejo de Estado condenó a la Nación con 118 millones de pesos por los hechos que rodearon la toma guerrillera de las Farc al municipio de Guaca (Santander) registrada el 11 de diciembre de 1997.

Se le ordenó la reparación de los daños morales y materiales a los familiares de los cuatro civiles que resultaron heridos durante el ataque guerrillero a la estación de policía del municipio.

En dicha toma guerrillera murieron dos policías, mientras que otros cuatro fueron asesinados al día siguiente cuando el vehículo en el que se movilizaban para dar apoyo a los uniformados fue emboscado por los guerrilleros a 20 kilómetros de Guaca.

Frente a estos hechos, los civiles lesionados y sus familias presentaron una demanda de reparación directa, en busca de ser resarcidos por la afectación que les produjo el enfrentamiento entre agentes de la fuerza pública e insurgentes.

De acuerdo con el alto tribunal, encontró probada la falla en el servicio en la que incurrió la fuerza pública, pues no tomó medidas efectivas para garantizar la seguridad de la población de la Guaca, a pesar de que era previsible la ocurrencia de un atentado de esa magnitud por parte de la guerrilla de las Farc.