Este lunes la Corte Constitucional deberán definir si deja en firme la solicitud de anular la sentencia en la cual se ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, pagar los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y las pensiones a 106 madres comunitarias.

Las madres comunitarias reclaman el pago por su vinculación laboral al Programa Hogares Comunitarios desde 1988 hasta 2014.

La ley que buscaba garantías laborales para las madres comunitarias del país fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos, al considerar que era inconveniente en su totalidad porque resulta contraria a la Constitución y porque “genera un impacto fiscal de enormes proporciones”.

De acuerdo con el Gobierno, este fallo le significaría al ICBF pagar cerca de $6 billones de pesos.
Para el Gobierno, la posibilidad de dar subsidio a la vejez y educación gratuita a las madres comunitarias “afecta seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal”.

Mientas tanto, las madres comunitarias indican que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe pagarles un mínimo de pensión y se cumpla con ese derecho a favor estas mujeres que han trabajado durante los últimos treinta años.