La Fiscalía General de la Nación interrogó como testigo al arquitecto contratista Héctor Julio Gómez, dentro del proceso por la adjudicación irregular de contratos de malla vial en Bogotá, en el llamado carrusel de contratos en la capital.

El contratista, condenado a 10 años de prisión por estos hechos, manifestó bajo juramento que en el año 2009 se pactaron compromisos y comisiones de hasta el 10 por ciento con el alcalde de la época, Samuel Moreno Rojas con el fin de salir favorecidos en las licitaciones.

“Teníamos que pagar un dinero, llámese comisión o extorsión, y el dinero de esas coimas era entregado personalmente por Emilio Tapia a los hermanos Moreno Rojas”, aseguró.

Agregó que el porcentaje de las gratificaciones se dividían en varias partes, no solo para el alcalde mayor y su hermano, sino para el Contralor Distrital y algunos de sus colaboradores y concejales que la Fiscalía conoce perfectamente.

Por ejemplo, manifestó que hubo reuniones en un reconocido hotel del centro de la capital en donde se tocaron varios temas de valorización y se hablaba de la adjudicación y de porcentajes.

Asimismo, que en el apartamento de soltero del contratista Emilio Tapia Aldana asistían funcionarios como Claudia Patricia Otálora Cano, quien fungía como la asesora de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, con quien se realizaban los acuerdos, puntualizó Héctor Julio Gómez.

Indicó además que en las reuniones se pedía que ingresaran al IDU, el ex subdirector de esa entidad Eduardo Montenegro Quintero, quien posteriormente quedó encargado como ordenador del gasto, con el manejo de todo lo que tiene que ver con la valorización y el Metro de Bogotá. Finalmente era quien vigilaba las adjudicaciones dentro del IDU.

Terminó su testimonio manifestando que al igual que en todos los contratos del IDU, tanto de valorización como de malla vial, estaban impregnados de corrupción, no solo por las dádivas que dábamos sino por los contratos que tenían fallas profundas de diseño y de planeación.

“Las consultorías estaban mal presentadas y en el contrato 137 de 2007 existió la irresponsabilidad de la mala planeación y tenía que cederse porque definitivamente, no podía cumplirse. Lo mismo pasó con el caso de muchos puentes peatonales por problemas de permisos toda vez que el IDU nada que compraba los lotes”, concluyó.

El testimonio fue rendido dentro del juicio en contra del abogado Álvaro Dávila, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio en concurso, e interés indebido en la celebración de contratos.