Fuentes de las FARC señalaron que tras una reunión con la delegación del Gobierno, ‘Jesús Santrich’ se sintió débil y fue trasladado a la clínica Shaio en Bogotá.
Por su parte, las FARC ha expresado su solidaridad a su cabecilla y a los “miles de hombres y mujeres que se encuentran en huelga de hambre en las prisiones de Colombia”.
En un comunicado, la guerrilla lamentó “que las vidas” de sus “camaradas” se encuentren en “graves riesgos de salud por causa de la negligencia del sistema judicial. “Estos casos, como el que ahora presenta nuestro compañero, no deberían estar ocurriendo”, puntualiza.
Las FARC han subrayado que el incumplimiento de la aplicación de la ley de amnistía “no puede convertirse en un obstáculo” en el proceso de consolidación de la paz del país.
“Esta dramática situación de las y los prisioneros políticos es un mensaje negativo hacia el mundo de la falta de compromiso del Estado colombiano en el cumplimiento de lo acordado”, han señalado.
Por último, enviaron un mensaje a los “camaradas” recluidos, a los que han prometido que la guerrilla no “desfallecerá en la búsqueda de su libertad”. “Les necesitamos para lograr la Colombia que soñamos, la Colombia en paz con justicia social”, ha concluido.
Cuando arrancó la huelga, para exigir al Ejecutivo que aplique la ley de amnistía e indulto que permitirá a miles de insurgentes abandonar la cárcel gracias al acuerdo de paz firmado el año pasado, ‘Jesús Santrich’ criticó que “la falta de voluntad política en el cumplimiento de lo pactado en La Habana ha sido la constante del Gobierno”.
En concreto, la emprendió contra el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, por su “demora” en la entrega de las certificaciones, que ha afectado a “no menos de 900 prisioneros políticos”.
También señaló a “jueces y fiscales” que “han sido y siguen siendo el palo en la rueda de lo acordado”. “Estos administradores de justicia incumplen la ley y colocan cortapisas con el único propósito de no liberar a los prisioneros”, reprochó.
“Jueces y fiscales siguen aplicando el derecho penal del enemigo, haciendo valoraciones jurídicas erradas, denegando el acceso a la justicia, prevaricando y usurpando así las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el órgano que deberá calificar al respecto”, añadió.
El Congreso aprobó el pasado mes de diciembre la ley de amnistía e indulto, que permitirá abandonar la cárcel a todos los guerrilleros condenados por delitos políticos y conexos. Los responsables de otros delitos, incluidos los crímenes internacionales, tendrán que someterse a la JEP, con la que obtendrán sanciones suaves si aportan verdad.
