Dichas conversaciones se encuentran en el teléfono celular que el exsenador Otto Bula le entregó a la Fiscalía General, dejan al descubierto los sobornos que se planearon para garantizar contratos a la firma brasileña Odebrecht y también abren un nuevo capítulo que involucraría a varios funcionarios de la Procuraduría General en la administración de Alejandro Ordóñez.

Son 140 páginas del informe de la Corte Suprema de Justicia en el que se sustenta la medida de aseguramiento para el senador Bernardo Ñoño Elías, donde se consigna toda la declaración del exsenador Bula, además de parte de los chats de su teléfono celular.

En una de las conversaciones se hace referencia: “a la gestión de la Procuraduría para que sirviera de intermediaria entre la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- y la firma Odebrecht en relación con unas reclamaciones que tenían por objeto que el Estado reconociera unos sobrecostos causados por la temporada invernal, en relación con la adición del contrato Ocaña –Gamarra”.

Y según con la declaración consignada en el documento de la Corte, “el testigo indicó que se estaba tratando de dar apariencia de legalidad a través de peritos y la gestión de la Procuraduría, para no tener problemas legales con los dineros que se iban a reconocer a la firma Odebrecht, gestión en la que los congresistas fueron de mucha ayuda”.

El exsenador Bula dice que se le reconocieron facultades a Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI en ese momento, para que “pudiera disponer de la adición que se hizo del presupuesto Nacional del 2015 y 2016 de hasta 250 mil millones de pesos en bonos de la Nación, Tes, reclamaciones y litigios que tuviera la ANI, dado que la instrucción era pagar cerca de 600 millones o 700 millones de pesos de reclamos”.

El procurador Fernando Carrillo ordenó una revisión de todas las actuaciones de la administración pasada para determinar si algún funcionario de la administración pasada favoreció indebidamente a Odebrecht.

Se trata de unos chats del detenido excongresista Otto Bula que las autoridades tienen en su poder. El escrito hace referencia a unas conversaciones del hoy testigo estrella de la justicia, en las que se refiere “a la gestión de la Procuraduría para que sirviera de intermediaria entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Odebrecht, en relación con unas reclamaciones que tenían por objeto que el Estado reconociera unos sobrecostos causados por la temporada invernal en relación con la adición del contrato de la vía Ocaña-Gamarra”.

La Corte y el documento en mención señalan también al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, quien está a punto de ser objeto de imputación de cargos por parte de la Fiscalía.

De Andrade se indica que le dieron “facultades para que pudiera disponer de la adición presupuestal del 2015 y del 2016, de $250.000 mil millones en bonos de la Nación, así como reclamaciones y litigios que tuviera la ANI, dado que la instrucción era pagar cerca de $600.000 o $700.000 millones en reclamos”.