–La Procuraduría General de la Nación identificó nuevas falencias en el pretendido proceso de contratación directa de plantas de manejo de los residuos sólidos de la capital de Santander y su área metropolitana, que adelanta la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB.

La Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública realiza acciones de vigilancia preventiva a este proceso, en coordinación con la Delegada de Asuntos Ambientales, para asegurar el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales asociados a la prestación de servicios públicos, y garantizar la protección del medio ambiente, del patrimonio público y la prevención y control de factores de deterioro ambiental.

En desarrollo de esta labor se realizó en la Procuraduría una reunión con la EMAB y la Alcaldía de Bucaramanga, en conjunto con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de recibir respuestas a las inquietudes presentadas por parte del ente de control y el gobierno nacional, sin embargo, éstas no resultaron satisfactorias por no estar debidamente sustentadas.

Para el Ministerio Público es necesario que en desarrollo de este proceso se tengan en cuenta y haya respuesta a las siguientes advertencias:

1. No se conocen estudios previos, análisis del sector y soporte técnico que puedan justificar ambiental, técnica, jurídica y financieramente la contratación directa que se pretende celebrar por parte de la EMAB.

No obstante su presentación como solución innovadora y de nuevas tecnologías, para la contratación de estas plantas, no se encuentra alineada con una política pública local de gestión de residuos sólidos, o en su defecto en el PGIRS, ni soportada en enfoques técnicos e integrales como el de economía circular.

2. Para la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública resulta sorprendente que se pretenda contratar el tratamiento de residuos sólidos mediante plantas sin la construcción previa de escenarios de proyección que conlleven, por ejemplo, a desarrollos piloto, escalables y autofinanciables por parte de la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

A juicio del Ministerio Público, la Alcaldía de Bucaramanga y la EMAB con este proceso de contratación directa descartan sin consideración la opción de convertirse en gestores directos de soluciones modernas y ambientales para la disposición final de residuos, que incluya la posibilidad de seleccionar, adquirir y hacer procesos de transferencia organizacional de tecnologías validadas, perdiendo tal vez la oportunidad de generar rentabilidades para el patrimonio público.

3. En cuanto a los aspectos contractuales, luego de haber declarado desierta la invitación pública, corresponde a las entidades iniciar un nuevo proceso de contratación que agote los requisitos establecidos en la ley y garantice la libre competencia de los interesados.

De igual manera, el Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Leandro Ramos, advierte que “al tratarse de un proceso de contratación que involucra la prestación de un servicio público, se debe tener en cuenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de acuerdo con el parágrafo del artículo 3º de la Ley 689 de 2001 que dice: < >”.

4. Con respecto a los aspectos financieros, las procuradurías delegadas a cargo de este proceso de vigilancia preventiva desconocen la conveniencia económica que representa esta contratación para los usuarios del servicio de aseo, el gobierno local y la EMAB.

5. Por otra parte, no están claras, expresas y sólidamente establecidas las salvaguardas del patrimonio público, ante un desequilibrio económico del contrato, pues el Estado, en cabeza del municipio, es el llamado a responder patrimonialmente.

6. Igualmente, la EMAB parece eximirse de la responsabilidad de la supervisión cuando expresa en el pliego de condiciones que “no tendrá injerencia por el éxito técnico, financiero, ambiental y operativo del proyecto”, y que “es del alcance exclusivo del contratista y su responsabilidad ante la EMAB”.

7. El Ministerio Público también advierte que el proceso no contempla la posibilidad de negación de otorgamiento de licencias ambientales y no prevé planes de contingencia ante probables daños o mantenimientos de las “plantas”, o por disminución o aumento en las toneladas de residuos sólidos que se disponen diariamente.

Finalmente la Procuraduría General de la Nación convoca nuevamente a la Alcaldía de Bucaramanga y a la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) a revisar las consideraciones presentadas por el ente de control, y a tomar decisiones con apego a la ley, la previa evaluación de las salvaguardas del interés público y el logro de fines en la prestación de servicios de tratamiento de residuos sólidos en el contexto actual.