— El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, citó a audiencia a las 66 entidades responsables de la descontaminación del río Bogotá, para definir las fechas finales de saneamiento ambiental de este recurso hídrico.

El Ministerio Público revelará la metodología para adelantar las acciones de seguimiento sobre la base de cinco ejes estratégicos, así:

Estructuración de proyectos y gestión contractual transparentes y eficientes; seguimiento y control eficiente a los generadores de vertimientos y cumplimiento de la función de policía administrativa a todos los niveles; innovación tecnológica en el uso y reutilización de materias contaminantes, reconocidos a escala mundial y con bonos por reducir sustancialmente los parámetros admisibles de contaminación; desarrollo regional sostenible con cultura, educación y ética, y aseguramiento de los acuerdos interinstitucionales e implementación de una red de control social con expertos, universitarios y comunidad.

En la audiencia, convocada desde las procuradurías delegadas para la Conciliación Administrativa y Asuntos Ambientales, el órgano de control presentará el informe integral de cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado, proferida el 28 de marzo de 2014 para descontaminar el río Bogotá, que recoge los hallazgos identificados durante tres años de seguimiento. El reporte también incluirá el diagnóstico del agente especial del Ministerio Público designado para este caso y los resultados obtenidos en la Mesa Técnica Interinstitucional, que monitorea el avance de las obras programadas.

Están convocados, entre otros, los representantes de las 20 entidades de la nación y los alcaldes de 46 municipios ubicados en la cuenca del río, objeto de la condena por parte del alto tribunal y que tienen a su cargo la ejecución de acciones específicas contempladas en el fallo.

También fueron citados: el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo; el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía; el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño; el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; el director de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, Néstor Franco González, y la gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, María Carolina Castillo, entre otros.

Sentencia para salvar el río Bogotá

En la sentencia el Consejo de Estado ordenó ejecutar las obras necesarias para lograr la descontaminación de la cuenca, que se extiende por 336 kilómetros desde Villapinzón hasta Girardot, en Cundinamarca, donde desemboca en el río Magdalena. Entre las obras exigidas en el fallo está el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre, la construcción de la de Canoas y plantas menores de tratamiento en los 46 municipios que están en la cuenca del río. Además, el Consejo de Estado ordenó obras inmediatas para la recolección de aguas con vertimientos industriales, domésticos y agrícolas y pidió mayores controles para los curtiembres que funcionan en el norte de Cundinamarca y el sur de Bogotá, al tener, según la sentencia, una alta responsabilidad en el envenenamiento del río.

Ante el acuerdo anunciado este lunes por la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la CAR para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, con una inversión de 4,5 billones de pesos, la Procuraduría General de la Nación instalará un tablero especial de control al proyecto, con el apoyo de expertos en el tema y las universidades del país.