Por inconsistencias y anomalías, la Procuraduría General de la Nación planteó al Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, la posibilidad de ordenar la revocatoria de la apertura de la licitación para la adquisición de un sistema de semáforos inteligentes (SSI).

Desde el pasado 20 de septiembre la Delegada Preventiva para la Función Pública identificó posibles falencias en el proceso sobre las que pidió respuesta al secretario de Movilidad, sin que a la fecha haya recibido alguna comunicación.

El Ministerio Público requirió el informe final de la consultoría especializada que fue contratada, por un valor de $5.499 millones para la elaboración de estudios y estructuración técnica, financiera y legal del proyecto

Así mismo, instó la entrega de copias de las hojas de vida de las personas que conformaron los estudios de estructuración técnica, financiera y legal del proyecto, así como de los asesores o evaluadores que participaron en la etapa precontractual.

También pidió las modificaciones y el texto original del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación en el que se estableció que la Empresa de Teléfonos de Bogotá –ETB-, suministraría el servicio de comunicaciones requerido por el SSI, y futuros sistemas inteligentes de Transportes (SIT), mientras que Movilidad se ocuparía de desarrollar e implementar el sistema de semáforos inteligentes.

En su comunicación a Bocarejo, la delegada persiste en sus inquietudes sobre la calidad en la estructuración de este proceso licitatorio que insiste en desatender las observaciones de tipo técnico en materia de seguridad vial, la falta de planeación, improvisación en el cálculo económico, probable favorecimiento de oferentes, y alto riesgo para la salvaguarda del patrimonio público invertido.

Para el Ministerio Público no es cierto que el objeto de este proceso sea complejo y atípico, o que no tendría asidero jurídico claro en un solo régimen de contratación. Para la delegada esta licitación está sujeta a la ley de contratación estatal.

Entre las últimas anomalías identificadas está la publicación del 29 de septiembre en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP- de anexos que introdujeron un replanteamiento general del componente técnico frente al proceso licitatorio inicialmente propuesto.

Finalmente, la Procuraduría pidió que la respuesta a esta comunicación sea publicada en el SECOP para que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento real a este proceso licitatorio.