Al parecer el Gobierno regional de Cataluña, limitado desde el día de ayer por un decreto del ejecutivo español para restablecer la legalidad, no se dará por destituido y tiene previsto mantener su actividad.

Tras el anuncio del cese de todo el gabinete presidido por Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre, los miembros del ejecutivo catalán contemplan no acatar su cese y preparan los siguientes pasos para desarrollar una resolución independentista aprobada ayer por el parlamento.

Sobre la mesa, según las fuentes soberanistas consultadas, figurará el análisis de los escenarios que se abren a partir de ahora tras la acción del Gobierno español y ello incluye la posibilidad de convocar a su vez elecciones para antes de final de año.

Con el gabinete Puigdemont cesado, según publicó el Boletín Oficial del Estado, mantener su actividad podría constituir un delito de usurpación de funciones.

En la resolución independentista votada ayer, el parlamento instaba al Gobierno autonómico a aprobar los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica – que creaba un marco legal catalán provisional – y que el Tribunal Constitucional español había suspendido.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ultima su querella por un delito de rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por la Cámara catalana, una acción penal que afectará al menos a los miembros del Gobierno autonómico y a los de la Mesa del Parlamento que permitieron la votación, que fue secreta para dificultar eventuales consecuencias penales.

Otro cese que no se conoció en un primer momento y que ha trascendido durante la madrugada ha sido el del jefe operativo (mayor) de los Mossos d’Esquadra, que es la Policía regional catalana, Josep Lluís Trapero, que ha sido reemplazado por su segundo, Ferrán López.

Trapero está siendo investigado en la Audiencia Nacional española por el supuesto delito de sedición por la actuación de los Mossos durante el registro que funcionarios judiciales y agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo el 20 de septiembre en la Consejería de Economía catalana.

Miles de personas en el exterior bloquearon la salida de la comitiva durante horas, por lo que la cúpula de los Mossos ha sido criticada por su pasividad.

Según el decreto del Gobierno español, los ministerios asumirán las competencias de la autonomía catalana, bajo la coordinación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Con información de EFE.