–El Ministerio de Defensa colombiano pretende ascender a 5 oficiales sospechosos de “falsos positivos” y maquilla las hojas de vida para que nadie se entere, afirma Human Rights Watch en un informe que publica éste martes en Wahington. Según la ONG, existen “evidencias contundentes” contra los 5 oficiales y en lugar de descalificarlos, mindefensa oculta datos clave en sus hojas de vida.

Los oficiales contra quienes existen graves evidencias de estar implicados en ejecuciones extrajudiciales, según la ONG, son el brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci, quien sería ascendido a mayor general; y los coroneles Mauricio José Zabala Cardona, Miguel Eduardo David Bastidas, Óscar Reinaldo Rey Linares y Raúl Hernando Flórez Cuervo, que serían ascendidos a brigadieres generales.

“Ascender a oficiales mientras están siendo investigados sería una señal de que las autoridades colombianas no tienen un compromiso serio por garantizar justicia en los casos de falsos positivos”, precisa el extenso reporte, en el cual Human Rights Watch es reiterativo en señalar que que contra estos oficiales “hay sólidas pruebas que los vinculan con ejecuciones extrajudiciales que están siendo objeto de investigaciones penales”.

Afirma que dos de estos oficiales están personalmente bajo investigación penal. Las hojas de vida de los candidatos a ascensos que dio a conocer el Ministerio de Defensa el 27 de octubre de 2017 presentan información incompleta sobre los antecedentes de los cinco militares.

Y agrega: “Existen evidencias creíbles de que cuatro coroneles y un general del Ejército incluidos en esta lista de 22 candidatos a ascensos estarían vinculados a ejecuciones de “falsos positivos”. Estas ejecuciones de civiles inocentes fueron cometidas de manera sistemática entre 2002 y 2008 para incrementar el número de bajas durante el conflicto armado del país. En las próximas semanas, el Senado colombiano decidirá si aprueba estos ascensos”.

“En lugar de enviar un mensaje contundente de que ha superado la oscura etapa de los falsos positivos, el Ministerio de Defensa mancha la reputación de las Fuerzas Armadas al intentar ascender a oficiales contra quienes existen denuncias serias que los vinculan a falsos positivos,” expresa José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“El Senado colombiano debería frenar los ascensos de todos los militares sobre quienes haya evidencias creíbles de que estén implicados en graves abusos, hasta tanto esos señalamientos se investiguen de manera completa y adecuada”.

Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que los patrones en los casos de falsos positivos —incluido su carácter sistemático y las circunstancias implausibles de muchas de las supuestas muertes en combate— sugieren de manera clara que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de asesinatos sabían o deberían haber sabido sobre estos crímenes. Además de otras formas de participación penal, como ordenar la comisión de un delito, los comandantes son penalmente responsables conforme al derecho internacional si sabían o deberían haber sabido que los soldados bajo su control efectivo estaban cometiendo delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos.

Tras citar a los oficiales que serían ascendidos y de insistir que en su contra quienes existen graves evidencias, — el brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci, quien sería ascendido a mayor general; y los coroneles Mauricio José Zabala Cardona, Miguel Eduardo David Bastidas, Óscar Reinaldo Rey Linares y Raúl Hernando Flórez Cuervo, que serían ascendidos a brigadieres generales– Human Rightch Watch hace las siguientes precisiones:

La Fiscalía está investigando al brigadier general Cruz Ricci, quien actualmente comanda la Sexta División del Ejército, por su presunta participación en las ejecuciones de dos civiles en julio de 2004, cuando estaba al frente del Batallón Especial Energético y Vial N.º 9 de la Vigésimo Séptima Brigada. Human Rights Watch tuvo acceso a evidencias creíbles que lo incriminan, incluida la confesión de un soldado involucrado en las ejecuciones, quien manifestó que el general Cruz Ricci sabía, consintió y podría haber ordenado estas ejecuciones extrajudiciales.

El coronel David Bastidas está siendo investigado por fiscales por ejecuciones cometidas por el Batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, cuando era el segundo comandante de esta unidad, entre julio de 2004 y octubre de 2005. La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones respecto de 79 homicidios presuntamente cometidos por este batallón en 2004 y otros 25 en 2005.

La Fiscalía también investiga decenas de falsos positivos presuntamente cometidos por el Batallón Popa de la Décima Brigada del Ejército entre 2003 y 2005, cuando los coroneles Zabala Cardona y Rey Linares ocupaban cargos clave dentro del batallón, así como ejecuciones que podrían haber sido llevadas a cabo por el Batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada del Ejército mientras su comandante era Flórez Cuervo, en 2008.

Una resolución del Senado de noviembre de 2015, destinada a garantizar la “transparencia” de los ascensos en las Fuerzas Armadas, exige que el Ministerio de Defensa publique en su página web un “resumen de las hojas de vida” de los candidatos.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha adelantado este proceso con escasa trasparencia. En todas las hojas de vida de miembros del Ejército —a diferencia de los candidatos de otras fuerzas— se omite las fechas en las cuales cada oficial ejerció cargos en las distintas unidades militares. Estas fechas son sumamente importantes para determinar si alguno de ellos podría haber estado involucrado en abusos. No obstante, curiosamente las hojas de vida proporcionan información absolutamente irrelevante, como las fechas en que los oficiales contrajeron matrimonio y la fecha de nacimiento de sus hijos.

Asimismo, la hoja de vida del coronel David Bastidas omite que fue el segundo comandante del Batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez, a pesar de que él reconoció que ejerció ese cargo cuando rindió indagatoria ante fiscales en septiembre de 2017, según una transcripción de la audiencia a la cual tuvo acceso Human Rights Watch.

“El Ministerio de Defensa consideró importante divulgar la fecha en que contrajo matrimonio un oficial postulado para ascenso, pero omitió señalar que este coronel desempeñó un rol de mando en una unidad del Ejército que habría sido responsable de una gran cantidad de asesinatos”, señaló Vivanco. “En lugar de impedir que asciendan soldados vinculados con ejecuciones de falsos positivos que todavía se encuentran bajo investigación, el Ministerio de Defensa parece estar ocultando información clave sobre el presunto rol de estos oficiales en delitos atroces”.

El 14 de agosto, Human Rights Watch le hizo llegar al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y a otros funcionarios una carta para expresar su preocupación respecto de que los cuatro coroneles mencionados estuvieran asistiendo a clases para ser ascendidos a generales. Human Rights Watch solicitó al gobierno información adicional o aclaraciones para explicar por qué consideraba apropiado ascender a estos coroneles. El ministro Villegas nunca respondió nuestra carta.

Los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados involucrados en ejecuciones extrajudiciales, de los cuales la gran mayoría son soldados de bajo rango. Sin embargo, las autoridades no han avanzado en las investigaciones contra altos mandos del Ejército presuntamente responsables de ejecuciones y, en lugar de ello, han ascendido de rango militar a muchos oficiales bajo investigación y permitido que varios ocupen altos cargos dentro de la Fuerza Pública. Tres de las diez divisiones del Ejército están actualmente al mando de militares que están siendo investigados penalmente por su presunta participación en violaciones de derechos humanos. El actual comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Juan Pablo Rodríguez Barragán, se encuentra bajo investigación por ejecuciones cometidas por tropas bajo su mando.

“Cada uno de estos cinco militares goza de presunción de inocencia”, manifestó Vivanco. “Pero ascender a oficiales mientras están siendo investigados sería una señal de que las autoridades colombianas no tienen un compromiso serio por garantizar justicia en los casos de falsos positivos”.

El siguiente es el análisis de las evidencias contra estos cinco oficiales que presenta la ONG:

Oficiales posiblemente implicados en falsos positivos que serían ascendidos

Human Rights Watch examinó decenas de sentencias judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía General de la Nación y expedientes, y entrevistó a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, a fin de analizar los antecedentes de los oficiales del Ejército que han sido propuestos para ascenso. Dos de los cinco candidatos que objetamos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en falsos positivos. Los otros tres no están siendo investigados, pero la fiscalía está investigando múltiples asesinatos cometidos por soldados bajo su mando. El siguiente es un resumen de las evidencias que comprometen a los cinco oficiales.

General Francisco Javier Cruz Ricci

El brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci es actualmente el comandante de la Sexta División del Ejército. Según un documento de la Fiscalía General de la Nación al cual tuvo acceso Human Rights Watch, Cruz Ricci está siendo investigado por su presunta participación en la ejecución, en julio de 2004, del agricultor Silvio Hernán Morales Argotty y de un hombre no identificado en el departamento de Putumayo cuando comandaba el Batallón Especial Energético y Vial N.º 9 de la Vigésimo Séptima Brigada.

En noviembre de 2015, un tribunal condenó al sargento Juan Pablo Sierra Daza por su rol en estos asesinatos. Sierra Daza confesó y dijo a la fiscalía que el entonces coronel Cruz Ricci conoció, consintió y habría ordenado las ejecuciones. Sierra Daza manifestó, en una declaración a la fiscalía a la cual tuvo acceso Human Rights Watch, que un comandante de base le dijo que a Cruz Ricci le preocupaba que el batallón no había reportado bajas durante mucho tiempo, y por eso tenían una “operación montada” con víctimas que serían entregadas por paramilitares. A Cruz Ricci “se le informó” lo sucedido luego de que las victimas fueran asesinadas, dijo Sierra Daza, y Cruz Ricci fue premiado con un viaje al exterior por reportar estas supuestas bajas en combate.

Human Rights Watch examinó varios documentos firmados por el general Cruz Ricci respecto de la operación en la cual fueron asesinados los dos civiles, incluida la “orden de operaciones” que autorizó la misión, un informe que indica que las víctimas murieron en combate y un documento que certifica la cantidad de municiones utilizadas en el supuesto enfrentamiento. El sargento Sierra Daza señaló a la fiscalía que esos documentos eran “falsos” y que habían sido creados para simular que las ejecuciones extrajudiciales eran bajas en combate legítimas.

El 27 de septiembre de 2017, un fiscal en Cali dictó la prisión preventiva para el capitán de Ejército Harley Andrés Martínez Castaño, quien comandaba una escuadra dentro del Batallón Especial Energético y Vial N.º 9 de Cruz Ricci, y se encuentra prófugo. El fiscal, quien no está a cargo del proceso penal contra Cruz Ricci, describió las ejecuciones como “un plan maquiavélico orquestado por Cruz Ricci… Sierra Daza, Martínez Castaño” y otro soldado.

Sierra Daza también implicó a Cruz Ricci en otros homicidios. En agosto de 2013, tuvo el siguiente diálogo con fiscales:

Fiscal: Indíquenos si antes o después de estos hechos (las ejecuciones de julio de 2004), usted tiene conocimiento [de que] el Comandante de la base o el Comandante del batallón (Cruz Ricci) hayan ordenado la muerte de otros civiles… para hacerlos aparecer como guerrilleros cuando en realidad no lo eran.

Sierra Daza: Sí, después de estos hechos, en otro [falso positivo] que yo participé entre un mes y mes y medio aproximadamente en la misma Vereda de Arizona, de otra baja, mediante los mismos argumentos del caso por el que hoy se me indaga. Ellos (Cruz Ricci y el comandante de la base) tienen que tener la orden de operaciones montada. [La Fiscalía General de la Nación] puede solicitar [a las autoridades información sobre] otro operativo en el que yo participé y firmé el informe de patrullaje. Hay varios muertos, más o menos 2 o 3 muertos más, entre los meses de julio, y fue en esa misma vereda. Yo solicito [que] se investigue.

En octubre de 2013, un funcionario de la Procuraduría General de la Nación pidió a la fiscalía que citara a Cruz Ricci a indagatoria, uno de los primeros pasos formales en las investigaciones penales conforme al derecho colombiano. Cruz Ricci todavía no ha sido indagado y la Fiscalía General de la Nación aún no han indicado si pretende imputarlo.

Coronel Miguel Eduardo David Bastidas

El coronel Miguel Eduardo David Bastidas está siendo investigado en relación con ejecuciones cometidas cuando fue el segundo comandante del Batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, entre julio de 2004 y octubre de 2005.

En septiembre de 2017, la fiscalía indagó a David Bastidas —quien en ese momento asistía a clases para ser ascendido a general— respecto de su presunta participación en varias ejecuciones, según una transcripción de la audiencia a la cual tuvo acceso Human Rights Watch. El documento indica que David Bastidas está siendo investigado por su presunta omisión ante numerosas ejecuciones perpetrada por personas bajo su mando, incluidas las siguientes:

El 26 de julio de 2004, soldados del Batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez mataron a los jóvenes Uber Sneider Giraldo García y Disney Villegas Villegas del municipio de San Luis, en Antioquia, e informaron que se trataba de enemigos “N.N.” muertos en combate. Los tribunales determinaron que los dos hombres habían sido detenidos y asesinados por soldados. Los soldados también detuvieron a otro civil, le infligieron abusos que podrían constituir “tortura” y luego lo liberaron, manifestó la fiscalía en la audiencia.
El 3 de agosto de 2004, un grupo de soldados asesinó al niño Álvaro de Jesús García Idarraga, quien estaba recogiendo naranjas cerca de su escuela. El Batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez informó más tarde que se trataba de un combatiente de las FARC muerto en combate.
El 25 de octubre de 2004, un grupo de soldados asesinó en San Carlos, Antioquia, a Jhon Jaime Arboleda Cardona, un hombre que padecía un trastorno mental, e informó que se trataba de un guerrillero muerto en combate. Arboleda Carmona vivía en Medellín y había viajado a San Carlos para visitar a su abuela, señaló la fiscalía en la audiencia.
En total, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones sobre 79 asesinatos presuntamente cometidos por soldados del Batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez en 2004, y otros 25 en 2005, según un informe de 2016 de esa institución.

Coronel Mauricio José Zabala Cardona

El coronel Mauricio José Zabala Cardona supervisó las operaciones militares del Batallón Popa de la Décima Brigada durante parte de 2003 y fue designado segundo comandante en 2004. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones respecto de 26 asesinatos presuntamente cometidos por soldados del Batallón Popa en 2003 y otros 13 en 2004, según un informe de 2016 de la Fiscalía General de la Nación al cual tuvo acceso Human Rights Watch. Entre ellos hay, por lo menos, cuatro casos en los cuales los tribunales colombianos condenaron a 26 soldados del Ejército por su participación en la muerte de cuatro civiles.

En 2011, Zabala Cardona declaró bajo juramento que, al momento de los hechos, “no escuchó ningún tipo de irregularidades” y que consideraba que “no eran muertes extrajudiciales”, según una sentencia judicial a la cual accedió Human Rights Watch. Zabala Cardona manifestó que él y otros soldados fueron “engañados” por el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales (que confesó los asesinatos y cumple una pena de prisión) para hacerles creer que se trataba de muertes lícitas. Sin embargo, además de la gran cantidad de asesinatos cometidos bajo su supervisión, varios factores analizados en conjunto sugieren que Zabala Cardona tenía motivos para saber de las ejecuciones:

En febrero de 2004, soldados del Batallón Popa asesinaron al campesino indígena Juan Enemias Daza Carrillo en Valledupar e informaron que se trataba de un “N.N.” muerto en combate. El tribunal que condenó a los perpetradores llegó a la conclusión de que Daza Carillo fue detenido mientras viajaba con sus hijos. Sus hijos siguieron el trayecto hasta su casa. Daza Carrillo fue informado como una baja del Ejército. El entonces mayor Zabala Cardona tuvo, en diversas instancias, información sobre este presunto asesinato y la versión poco plausible de los hechos informados por los soldados, con lo cual podría haber detectado que se trataba de una ejecución extrajudicial y no de una baja en combate. La decisión judicial señala que Zabala Cardona firmó la “orden de operaciones” que autorizó la operación, preparó un informe sobre esta (en el cual señala que la muerte se había producido durante un enfrentamiento con 15 enemigos) y después recibió un informe de un oficial que le indicó que la muerte se produjo luego de que un único hombre comenzara a dispararle a un grupo de, al menos, cinco soldados. El tribunal concluyó que el Batallón Popa no respetó el proceso estipulado legalmente para evaluar la legalidad de la supuesta baja en combate.
En agosto de 2003, soldados del Batallón Popa asesinaron a los civiles Tañia Solano y Juan Carlos Galvis, e informaron que se trataba de miembros de las FARC dados de baja en combate. Zabala Cardona se encontraba cerca del lugar de los hechos y podría haber conocido las circunstancias poco plausibles de las supuestas bajas en combate. Según un documento oficial del Batallón Popa citado en la sentencia que condena a los perpetradores y el testimonio de dos soldados reproducido allí, el entonces mayor Zabala Cardona fue responsable de retirar del lugar de los hechos los cuerpos de las víctimas, así como sus supuestas armas, y de llevarlos, aparentemente, a la base militar. El tribunal llegó a la conclusión de que soldados del Batallón Popa asesinaron a las víctimas con tiros de gracia a corta distancia y colocaron armas sobre sus cuerpos. A su vez, la fiscalía demostró que hubo varias irregularidades en las muertes informadas: las bajas se comunicaron antes de que las víctimas efectivamente murieran y los testigos que aseguraron que Galvis y Solano pertenecían a las FARC habían sido detenidos por soldados del Batallón Popa y liberados bajo la condición de que firmaran un documento donde indicaban que habían recibido un “buen trato”.
Coronel Óscar Reinaldo Rey Linares

El coronel Óscar Reinaldo Rey Linares fue el segundo comandante del Batallón Popa durante parte de 2004 y 2005. La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre 13 asesinatos presuntamente cometidos por soldados de este batallón en 2004 y otros 21 en 2005, según un informe de 2016 de esa institución. Entre estos, hay por lo menos cuatro casos en los cuales la justicia colombiana ha condenado a nueve soldados del Batallón Popa por su participación en 10 ejecuciones perpetradas en 2005.

Por ejemplo, en febrero de 2005, cuando Rey Linares era segundo comandante del batallón, un grupo de soldados de ese batallón se llevaron de su vivienda al civil Hermes Enrique Carrillo Arias, miembro de una comunidad indígena, y a Nohemí Esther Pacheco Zabata, de 13 años. Luego los asesinaron, colocaron armas sobre sus cuerpos e informaron que se trataba de miembros de las FARC muertos en combate. El tribunal determinó que soldados del Batallón Popa les dispararon a las víctimas por la espalda y que las armas que supuestamente les pertenecían nunca habían sido detonadas. También llegó a la conclusión de que el Batallón Popa carecía de los documentos exigidos legalmente sobre la operación, incluidos aquellos que debían registrar la cantidad de municiones utilizadas durante el supuesto enfrentamiento. En mayo de 2013, un alto tribunal de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelantara una investigación sobre “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”. Sin embargo, un funcionario de la Fiscalía General de la Nación dijo a Human Rights Watch, en julio de 2017, que no había registro de investigaciones respecto del posible rol de Rey Linares en estos u otros delitos.

Coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo

El coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo comandó el Batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Bridada durante al menos parte de 2008. La Fiscalía General de la Nación está investigando al menos 5 ejecuciones perpetradas por ese batallón en 2008.

En mayo de 2014, un tribunal de Bogotá condenó a cinco soldados del batallón de Flórez Cuervo por el asesinato, en enero de 2008, del sindicalista Israel González, que fue reportado como un combatiente de la guerrilla muerto en combate. El tribunal determinó que tal enfrentamiento nunca se produjo, sino que González fue asesinado por soldados que colocaron sobre su cadáver armas sin usar y una radio averiada que tenía baterías del Ejército. Flórez Cuervo había firmado la “orden de operaciones” que autorizaba la operación en la cual murió González.

El tribunal pidió a la Fiscalía General de la Nación que “adelante investigaciones en relación con otros posibles autores o intervinientes de los delitos… que pudieron tener relación con la expedición de órdenes en cuya ejecución se produjo el deceso violento del señor Israel González”. Sin embargo, un funcionario de la Fiscalía General de la Nación dijo a Human Rights Watch, en julio de 2017, que no había registro de investigaciones sobre el posible rol de Flórez Cuervo en los asesinatos perpetrados por el Batallón Domingo Caicedo.