Los senadores Ángela María Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda radicaron una demanda contra los artículos del nuevo Código de Policía referentes a la prostitución.

Se trata de de los artículos 43 y 44, al considerar que “vulneran los derechos de las personas en situación de prostitución”.

Los dos artículos regulan el ejercicio de la prostitución, y plantea requisitos como obtener el concepto sanitario de la Secretaría de Salud, proveer y distribuir los preservativos para los usuarios y colaborar en las campañas de inspección realizadas por las autoridades.

También estos artículos prohiben el ejercicio de la prostitución fuera de las zonas u horarios asignados o realizar actos exhibicionistas en la vía pública. Quienes no cumplan con el código se enfrentan a multas de entre $98.000 y $780.000.

Para los senadores, las medidas impuestas por el Código de Policía son “regresivas”.

“El código anterior no imponía sanciones ni obligaciones a estas mujeres que son vulnerables, que ingresaron entre los 14 y los 17 años. Hay otros dos actores: los proxenetas y aquellos que hacen explotación sexual (los usuarios de estas mujeres). Los deberes que se deben imponer deben ser frente a los proxenetas y a los usuarios. Las mujeres, como ha dicho la Corte Constitucional, deben ser personas protegidas”, comentó Alirio Uribe.

De acuerdo con Ángela María Robledo , la finalidad de la demanda es proteger los derechos de las mujeres, “quienes en mayor medida, 90 %, se dedican a esta práctica y son consideradas en situación de extrema vulnerabilidad”.

Agregó que otros trabajadores de los establecimientos donde se ejerce la prostitución (meseros, cocineros, vigilantes, etc.) tienen la misma obligación que los dueños del lugar, lo que resulta “inadmisible la tendencia peligrosista y discriminatoria del Código de Policía (…) cuando todos están en condiciones muy distintas”.

Por último, Iván Duque comentó que el Código de Policía, en vez de dar un trato diferenciado y de proteger los derechos de las personas dedicadas a la prostitución como lo ha puntualizado la Corte Constitucional, “viola la igualdad, al poner cargas iguales a quienes están en situaciones diferentes”.