El informe, cuya votación había sido aplazada hace dos semanas debido a los cuestionamientos que generó entre varias bancadas, volvió a ocasionar resistencia de diferentes representantes por las modificaciones que sufrió el articulado.
Al respecto, David Barguil del Partido Conservador advirtió que “algunos sectores políticos tradicionales se están tratando de quedar con estos espacios de representación supuestamente otorgados para minorías, víctimas y organizaciones sociales”.
El Congresista también cuestionó que se hayan modificado los requisitos para que miembros de organizaciones sociales puedan aspirar a estas curules acreditando solo un año de permanencia en dichas asociaciones, cuando lo aprobado en Cámara estableció fue cinco años de permanencia.
En respuesta, el ministro del interior, Guillermo Rivera, aseguró que “hay varios fallos de la Corte Constitucional en los que los que se dice que los conciliadores sí pueden modificar los textos siempre y cuando estos no vaya en contravía con el espíritu del proyecto de ley”.
A su turno, el representante Santiago Valencia del Centro Democrático, pidió “no intentar revivir este muerto. Esta conciliación ya tuvo cristiana sepultura”, mientras que Álvaro Hernán Prada le propuso al Ejecutivo “presentar un proyecto aparte de 16 nuevas curules para la paz porque la conciliación que se define ya fue negada dos veces en Senado”.
El proyecto de origen gubernamental, establece los escaños para los períodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026 en 167 municipios del territorio nacional en los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo, Cesar, Bolívar, Córdoba, y Tolima.
La iniciativa contempla que “se contará con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos, asimismo que las campañas contarán con financiación estatal especial y acceso a medios regionales. Se desarrollarán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado”.
El articulado también indica que “los candidatos solo pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, grupos significativos de ciudadanos, campesinos, organizaciones sociales, incluyendo las de mujeres”.
La norma incluye que “los candidatos a ocupar las curules en estas circunscripciones (…) deberán haber habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la votación, los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación deberán haber nacido o habitado en él al menos tres años consecutivos en cualquier época”.
Por último precisa que “la condición de víctima de desplazamiento se acreditará según certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctima”.
El informe, cuya votación había sido aplazada hace dos semanas debido a los cuestionamientos que generó entre varias bancadas, volvió a ocasionar resistencia de diferentes representantes por las modificaciones que sufrió el articulado.
Al respecto, David Barguil del Partido Conservador advirtió que “algunos sectores políticos tradicionales se están tratando de quedar con estos espacios de representación supuestamente otorgados para minorías, víctimas y organizaciones sociales”.
El Congresista también cuestionó que se hayan modificado los requisitos para que miembros de organizaciones sociales puedan aspirar a estas curules acreditando solo un año de permanencia en dichas asociaciones, cuando lo aprobado en Cámara estableció fue cinco años de permanencia.
En respuesta, el ministro del interior, Guillermo Rivera, aseguró que “hay varios fallos de la Corte Constitucional en los que los que se dice que los conciliadores sí pueden modificar los textos siempre y cuando estos no vaya en contravía con el espíritu del proyecto de ley”.
A su turno, el representante Santiago Valencia del Centro Democrático, pidió “no intentar revivir este muerto. Esta conciliación ya tuvo cristiana sepultura”, mientras que Álvaro Hernán Prada le propuso al Ejecutivo “presentar un proyecto aparte de 16 nuevas curules para la paz porque la conciliación que se define ya fue negada dos veces en Senado”.
El proyecto de origen gubernamental, establece los escaños para los períodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026 en 167 municipios del territorio nacional en los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo, Cesar, Bolívar, Córdoba, y Tolima.
La iniciativa contempla que “se contará con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos, asimismo que las campañas contarán con financiación estatal especial y acceso a medios regionales. Se desarrollarán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado”.
El articulado también indica que “los candidatos solo pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, grupos significativos de ciudadanos, campesinos, organizaciones sociales, incluyendo las de mujeres”.
La norma incluye que “los candidatos a ocupar las curules en estas circunscripciones (…) deberán haber habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la votación, los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación deberán haber nacido o habitado en él al menos tres años consecutivos en cualquier época”.
Por último precisa que “la condición de víctima de desplazamiento se acreditará según certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctima”. (Información Of Prensa Cámara).
