Más de 18 mil millones de pesos fueron destinados a diferentes programas que beneficiaron a las víctimas del conflicto armado en 2017, según el balance entregado por el último Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) del año.
El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), a través del programa “Familias en Acción”, logró una inversión superior a los $11.400 millones, que benefició con estrategias de empleo y emprendimiento a más de 18 mil familias del departamento.
Además, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), puso en marcha los Centros Regionales de Atención a Víctimas en los municipios de La Palma, Viotá y Soacha, con una inversión conjunta -Nación, departamento y municipios- de más de $7.300 millones.
“Celebramos el reconocimiento recibido por parte de La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que nos denomina aliado estratégico, siendo el primer departamento en aplicar las políticas de reintegración para la recuperación del tejido social. En enero de 2018 adelantaremos nuestro primer CTJT para aprobar el Plan de Acción Territorial, que será nuestra hoja de ruta para incluir temas sensibles sobre los cuales redoblaremos esfuerzos”, manifestó el gobernador Jorge Rey.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha atendido el 88% de las 3.105 solicitudes recibidas, de las cuales 84 corresponden a los municipios de La Palma, San Juan de Rioseco, Viotá, Yacopí, Arbeláez, El Peñón y Pacho; además 315 hectáreas cuentan con orden de restitución en Cundinamarca, lo que favorece a 494 personas.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) resaltó sus programas de formación, en los cuales se ha garantizado el acceso preferente para la población víctima, incluyendo a cerca de 400 personas entre jóvenes y adultos. Además adelantó procesos de intermediación laboral y desarrollo productivo, gracias a la formulación de 30 planes de negocio.
