–¿Será que tengo derecho a que me proteja la Comisión Interamericana?, es la pregunta que formuló el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez frente a la decisión del Tribunal Superior de Antioquia de pedir a la Fiscalía General de la Nación que se investigue al exmandatario por las masacres perpetradas por grupos paramilitares en los corregimientos de La Granja y El Aro, del municipio de Ituango, ocurridas en los años 1996 y 1997, respectivamente.

En un comunicado, Uribe Vélez, sin embargo, desestima las acusaciones y afirma que se trata de “toda clase de presiones” en su contra y que se hacen ahora en “vísperas de elecciones”, insinuándolo “como asesino”.

Bajo el titulo “Otros Hackers (Como siempre en elecciones)”, el expresidente y senador de Centro Democrático publico en su cuenta en Twitter la siguiente declaración:

“El Tribunal de Antioquia pide que me investiguen por la masacre de El Aro y por el asesinato de Jesús María Valle. Llevan millas de folios en esas investigaciones, toda clase de presiones en mi contra, nada creíble hay que me comprometa: se les olvida que soy un combatiente de las ideas, pero no un delincuente. Ahí están, la bitácora del helicóptero de la Gobernación de Antioquia, los testimonios de los pilotos. Discutí con Jesús María Valle, de frente y en público, como suelo hacerlo, yo en defensa del General Carlos Ospina, y en vísperas de las elecciones vuelven a insinuarme como asesino. El General Ospina era el comandante de la Cuarta Brigada, un soldado ejemplar, hoy profesor de una prestigiosa universidad internacional.
 
¿Será que tengo derecho a que me proteja la Comisión Interamericana?”. Fin del comunicado.

LA DECISION DEL TRIBUNAL DE ANTIOQUIA

Tal como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue el presunto conocimiento y participación del expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, en las masacres de La Granja y El Aro en el municipio de Ituango, Antioquia.

La Sala considera que existen pruebas suficientes para hacer la solicitud de investigación en contra del senador por los hechos registrados cuando se desempeñaba como Gobernador de Antioquia.

El Tribunal emitió esta decisión después de confirmar la condena en contra de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, de 30 años de cárcel, por el asesinato del abogado Jesús María Valle, defensor de los derechos humanos, sucedido en el mes de febrero de 1998.

Según la investigación, los ganaderos Angulo Osorio sostuvieron encuentros con grupos paramilitares en la finca La Carolina del municipio de Yarumal, Antioquia, que es propiedad de la familia Uribe Vélez, que habría sido el lugar de entrenamiento del grupo paramilitar conocido “Los 12 Apóstoles”.

Para el Tribunal, los ganaderos Angulo Osorio hicieron parte de varias reuniones con grupos de paramilitares en las que incluso se habría planeado el asesinato de Valle, aparentemente por las denuncias que este habría realizado contra dirigentes políticos, empresarios y particulares por presuntos vínculos con las autodefensas.

El proceso señala que asistentes a estas reuniones indicaron que Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, hizo presencia en dichos encuentros y que participó de manera activa.

Para el proceso, estos testimonios: “probablemente comprometen la responsabilidad penal” de varias personas, entre ellas el expresidente Uribe y varios oficiales del Ejército, como el general (r) Carlos Alberto Ospina, el coronel (r) Germán Morantes Hernández, el mayor (r) Emiro Barrios, los tenientes Cristian Arias y Everardo Bolaños Galindo y el agente de la Policía, Carlos Emilio Gañán Sánchez.

El Tribunal considera que en Antioquia las acciones ejecutadas por grupos paramilitares tuvieron participación de agentes del Estado, integrantes de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el DAS.

Y cita además las declaraciones tanto del narcotráficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, como del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.

De este modo la Sala de Justicia y Paz del Tribunal ha ordenado la investigación contra el expresidente de la República por las masacres de La Granja y El Aro, por las que fue condenado el Estado Colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El expresidente Uribe ha negado en varias oportunidades, tener participación con estos sucesos, señalando que las declaraciones de ‘Don Berna’ y Mancuso en su contra, corresponden a una retaliación luego de su extradición a los Estados Unidos.