–La Bancada del Centro Democrático, mayor responsable de la elección del presidente electo Iván Duque, rechazó el comunicado de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que pidió “remover los obstáculos” que impiden la operación de la Justicia Especial y el proceso de Paz.

En un comunicado, los parlamentarios, con el expresidente alvaro Uribe Vélez, a la cabeza, notificaron que no aceptan las existencias de la representación de la organización internacional.

“Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como “obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz en Colombia cumpla con sus compromisos con la justicia y el derecho de las víctimas”, precisa el documento.

Agrega que las propuestas de ajustes no sólo enmiendan errores sino responden al deseo de la mayoría de los colombianos que así lo han manifestado en dos ocasiones: la victoria del No en el plebiscito de 2016 y la elección de Iván Duque como Presidente con el compromiso de hacer correcciones a los Acuerdos.

Finalmente la bancada de Centro Democrático indica:

“Los colombianos siguen esperando que se realicen los ajustes que nos permitan tener un proceso donde las víctimas sean de verdad el centro, nos permita tener una paz estable y duradera y defender la honra y el buen nombre de los miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional de Colombia, quienes han combatido los ataques del terrorismo que pretendía derrocar la democracia en Colombia”.

LO QUE DIJO LA MISIÓN DE LA ONU

El texto de la declaración de la Misión de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, es el siguiente:

REMOVER CON URGENCIA LOS OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN CUMPLIR LOS COMPROMISOS CON LA JUSTICIA

“El proceso de paz de Colombia se destaca por su compromiso de asegurar que el tránsito del conflicto armado a la paz se acompañe de verdad, justicia, reparación para las víctimas y no repetición. Dentro de este compromiso, le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la responsabilidad de cumplir con la aspiración de la sociedad colombiana a la justicia en el marco de las normas nacionales e internacionales y en las circunstancias propias de un proceso de paz.

De conformidad con el Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial ha sido establecida constitucionalmente, con el aval de la Corte Constitucional y el respaldo, entre otros, de la Corte Suprema de Justicia, y abrió sus puertas al público el 15 de marzo de este año.

Sin embargo, tres meses más tarde, la JEP sigue sin las normas de procedimientos requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de sus magistrados y magistradas.

Más de un año después de la aprobación del Acto Legislativo 01 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, las víctimas siguen esperando que se realicen las primeras audiencias y comparecencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

En cuanto a las personas que se someten a la Jurisdicción Especial, continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica.

Las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos meses han mostrado un beneficio tangible del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP: las campañas electorales más pacíficas y participativas en décadas.

Es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP.

En su declaración del pasado 19 de abril con motivo de la presentación del informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad, unánimes, “acogieron con beneplácito los acontecimientos positivos de los últimos tres meses, incluidas […] la activación de la Jurisdicción para la Paz y la Unidad para la Búsqueda de personas desaparecidas, y expresaron su esperanza de que este progreso se mantenga”.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas.