–El presidente Juan Manuel Santos impartió su sanción a la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reiterando su desacuerdo con dos artículos incorporados por el opositor partido Centro Democrático, los cuales, sin embargo, no objetó para dejar su suerte en manos de la Corte Constitucional

“Se incluyeron unos artículos con los cuales estamos abiertamente en desacuerdo, pero eso ya será la Corte Constitucional la que decidirá la suerte de esos artículos”, afirmó el primer mandatario.

El primero de los artículos, suspende los procesos de los militares por 18 meses, mientras se crea una sala especial para juzgarlos y el segundo, establece que para los procesos de extradiciones, la Justicia Especial para la Paz, no puede ordenar pruebas.

No obstante, Santos reafirmó que el trabajo de la nueva jurisdicción, producto del Acuerdo del fin del conflicto, es muy importante “si queremos una paz estable y duradera”. Y destacó que esta jurisdicción ya dispone de los instrumentos necesarios para comenzar a producir resultados.

Señaló que ya “hemos visto” tanto a agentes del Estado como a los excomandantes de las Farc sentados ante los jueces.

“Faltaba dentro del andamiaje esta ley que tuvo mucha discusión, se incluyeron unos artículos con los cuales estamos abiertamente en desacuerdo, pero eso ya será la Corte Constitucional la que decidirá la suerte de esos artículos”, afirmó.

El Mandatario puso de presente que con la sanción de la normativa procedimental se cierra el círculo y que los magistrados de la Jurisdicción Especial laboraran “con todas las herramientas jurídicas y con todos los elementos para cumplir con esa parte de los acuerdos”.

Indicó que la labor de la Justicia Especial para la Paz es “muy importante si queremos una paz estable y duradera”.

El Jefe del Estado indicó una vez más que la justicia transicional no es una justicia punitiva a la que ha estado acostumbrado el país, sino que “es otro tipo de justicia porque hemos oído muchas críticas, algunas genuinas otras malintencionadas sobre la Justicia Especial para la Paz”.

El Presidente descartó de tajo que la justicia transicional sea permisiva con los responsables de los crímenes atroces y delitos de lesa humanidad.

“No, es todo lo contrario, por primera vez esos máximos responsables están acudiendo ante la justicia y no va a haber impunidad”, aseveró.

Con la sanción de la Ley de Procedimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz queda con todas las herramientas para trabajar, concluyó Santos.

Y destacó que es un sistema que:

– Sancionará graves crímenes de lesa humanidad
– Exigirá el cumplimiento de lo pactado
– Protegerá y garantizará los derechos de las víctimas

Al término de la sanción de la norma el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó sobre los artículos con los que manifestó su desacuerdo el Presidente, que en torno de la extradición a la JEP “no se le puede limitar la posibilidad de decretar y practicar pruebas porque es una función judicial; dejando claro que nosotros sí creemos que la función de la JEP es solamente la verificación de la fecha de la comisión de las conductas”.

Así mismo, dijo que el otro artículo con el que no está de acuerdo el Gobierno es el que “aplaza la obligación de la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Ministro recordó que durante el debate de ese articulado en el Congreso “advertimos que los miembros de la Fuerza Pública querían comparecer a la JEP, y lo que ha ocurrido en los últimos días; la comparecencia de oficiales de alto rango a la JEP lo que deja claro que los miembros de la Fuerza Pública quieren comparecer a la JEP, creen en este sistema, sienten que les ofrecen las suficientes garantías”.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró que “la norma de Procedimiento nos da los instrumentos para poder garantizar seguridad jurídica, debido proceso y poder seguir avanzando en el proceso de implementación de la Jurisdicción”.

Señaló que el Jefe del Estado durante su intervención “mencionó que en criterio de él y de nosotros hay dos normas abiertamente inconstitucionales que incorporó el Congreso en último momento”.

Indicó que se trata de “una ley ordinaria que para ser considerada por la Corte debe ser demandada; entonces seguramente una vez se produzcan las correspondientes demandas la Corte abocará el conocimiento que le corresponda”.