–La Fisalía General de la Nación anunció este jueves que logró la recuperación de más de 23 mil hectáreas de tierra que habían sido despojadas por los paramilitares del llamado «bloque centauros» en los Llanos Orientales y las cuales ahora serán destinadas a reparar a las víctimas del conflicto armado.

La operación fue realizada por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía en articulación con el Comando General de las Fuerzas Militares, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Policía Nacional y el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Según la fiscalía las tierras recuperadas se habían convertido en el ‘fortín’ territorial y de producción y tráfico de cocaína de los cabecillas de los grupos paramilitares Miguel Arroyave y Daniel Rendón Herrera, alias «don Mario».

También en ellas se establecieron campamentos de entrenamiento de los integrantes del «bloque» y se planearon masacres.

El señalado ‘fortín’ estaba conformado por 23 mil 274 hectáreas que comprendían la unión de varios predios que abarcaban los municipios de El Dorado, San Martín y Puerto Concordia en el centro del departamento de Meta.

Su extensión superaba la superficie de ciudades como Bucaramanga, Barranquilla o Armenia, y desde hora queda a disposición del Estado.

De las 23.274 hectáreas, 18.000 tienen características de bienes baldíos de propiedad y uso exclusivo del Estado, y habrían sido tituladas entre amigos, testaferros y familiares de los cabecillas paramilitares, fueron tecnificadas y explotadas para diferentes actividades agropecuarias.

Las otras 5.274 hectáreas fueron compradas entre 1999 y 2006, traspasadas y englobadas entre sí para dar la apariencia de un solo bien.

La Fiscalía solicitó medidas cautelares de embargo sobre cerca de 2.000 de las hectáreas recuperadas, 3.422 más quedaron a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y sobre ellas hubo 10 presuntos reclamantes falsos. Las demás hectáreas están a disposición de la Agencia Nacional de Tierras.

La Fiscalía informó que contactó a 70 personas que aparecían como propietarios o vendedores de las hectáreas que hicieron parte del ‘fortín’ del bloque centauros de las autodefensas y en las entrevistas, algunos de ellos aceptaron que actuaron consciente y entregaron sus predios a enviados de Miguel Arroyave y alias «don Mario», que pagaron precios por encima de los valores comerciales.

Por su lado los que figuran como compradores, indicaron que fueron citados en cafeterías y parques, y allí firmaron papeles de compra venta y las escrituras de miles de hectáreas, a cambio de 10 millones de pesos.

Todos los bienes aparecen registrados, las escrituras ingresaron a las oficinas de instrumentos públicos sin contratiempos y quienes figuran como titulares nunca conocieron las tierras que supuestamente les pertenecían ni supieron la cantidad exacta que les fue escriturada.

El Santuario o Guamerú, en San Martín (Meta), uno de los predios que ocupa la mayor parte de las 18.000 hectáreas con características de baldíos, habría sido adquirido por 200 millones de pesos que, supuestamente, tenía guardados el comprador “bajo el colchón”.

La Superintendencia de Notariado y Registro certificó que se trataría de un bien del Estado, del que empezaron a tomar posesión irregularmente desde 1993, con 15 anotaciones de compra y venta hasta 2007.

En las verificaciones se constató que eran tierras sin cuidadores, con apenas cuatro construcciones rústicas, un helipuerto, sistemas de riego, filtros de agua, tanques de almacenamiento, caminos que las conectan y pistas con apariencia de campos de entrenamiento armado. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, ofreció estas 18.000 hectáreas recuperadas para reparar a sus víctimas, algo inviable porque son baldíos que no podían ser apropiados ni transferidos.

En la vereda La Meseta, en El Dorado (Meta), alias «don Mario» desplegaba su accionar sobre la región del Alto Ariari, desde una casa de techo rojo, con nueve dormitorios e igual número de baños con tinas y algunos lujos.

A la llamada Casa Roja ingresaban narcotraficantes que llegaban a cumplir con el denominado impuesto al gramaje que exigía el bloque centauros para garantizar la salida de cocaína y custodiar los laboratorios de producción del estupefaciente. La vivienda también era frecuentada por personas que acudían a celebraciones íntimas que Daniel Rendón Herrera organizaba con regular frecuencia.

En el recorrido de las casi 5.000 hectáreas que rodeaban la Casa Roja, la Fiscalía y los las Fuerzas Militares encontraron carreteras clandestinas pavimentadas, que sirvieron de ruta de escape para Don Mario, zonas de entrenamiento armado, alojamientos para hombres y una colina desde la que era posible divisar cualquier aproximación de las autoridades.