Para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas -CSMLV-, el esfuerzo fiscal requerido para el financiamiento de la Ley en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 debería ser de aproximadamente $129.29 billones de pesos, lo que supera el valor estimado por el Gobierno Nacional en $28.4 billones.

Según la CSMLV, esta situación evidencia que el plazo de ejecución actual y los recursos disponibles resultan insuficientes. Si se toma como referente el valor ejecutado para esta política pública en 2017, que fue de $13.5 billones, se calcula que para cumplir con los requerimientos de la ley se requieren cerca de 10 años adicionales.

Para la implementación de la política de víctimas, el Gobierno Nacional asignó, entre 2012 y 2018, $76.9 billones de pesos a precios constantes de 2018. Sin embargo, no realizó un esfuerzo fiscal adicional, sino una destinación prioritaria de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones – SGP, que alcanzó el 56% del total asignado.

La Comisión identificó fallas de planeación que inciden en la implementación de la política, inconsistencias en los reportes sobre el cumplimiento de los indicadores del Conpes 3726 y del Plan Nacional de Desarrollo. Además, de una insuficiente incorporación del enfoque étnico en la política de víctimas, por lo que hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta las conclusiones en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, que deberá contemplar una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima.

Resulta imperativo que el Gobierno nacional realice un análisis presupuestal riguroso y detallado de la Ley y los Decretos Leyes Étnicos frente a su cumplimiento, en consideración a su vigencia, de modo que se garantice un escenario real de financiamiento y una mayor eficiencia financiera y administrativa, en procura de la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Otros hallazgos
En cuanto al presupuesto para las víctimas étnicas, se evidenció que el Gobierno proyectó para el periodo 2012 a 2021, recursos por $3.8 billones para las medidas de salud, educación y generación de ingresos. Posteriormente, en atención al llamado de la Corte Constitucional -Auto 266 de 2017-, realizó una estimación de los costos de atención y reparación de la población desplazada indígena y afrocolombiana por valor de $15.9 billones de pesos de 2017.

Pese a estos recursos la Comisión consideró necesario realizar un costeo total y definitivo de los Decretos Leyes que tenga en cuenta i) la atención de víctimas étnicas de otros hechos victimizantes, ii) el universo de víctimas del Pueblo Rrom, iii) el cumplimiento de los derechos y medidas a las comunidades étnicas y iv) el tiempo requerido y las fuentes de financiación.

Así mismo, se evidenció que se requiere mayor detalle, rigurosidad y una actualización permanente de los recursos ejecutados para las comunidades étnicas. Igualmente, existe una alta concentración de los recursos ejecutados en la fase de atención humanitaria y una baja participación presupuestal para la reparación colectiva, participación de las víctimas y retornos y reubicaciones. Es necesario también seguir avanzando en las mejoras al proceso de registro colectivo.

La CSMLV condenó el asesinato de 333 líderes sociales ocurridos entre el 1° de enero de 2016 y el 3 de agosto de 2018, según reportes de la Defensoría del Pueblo, así como la situación de riesgo en la que se encuentran los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, comunidades y autoridades étnicas.

Según reportes de la Unidad Nacional de Protección del total de las víctimas que tienen nivel de riesgo de seguridad extraordinario, solo el 24% tiene medidas de protección implementadas, lo que evidenciaría la limitada capacidad de esta entidad para brindar protección a las víctimas.

Los informes recomendaron avanzar en los procesos de investigación y judicialización de los responsables; aumentar la presencia institucional en los territorios y promover el desarrollo coherente y armónico de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, que incluyan prioritariamente, las medidas de prevención y protección necesarias.

Del universo de sujetos de reparación colectiva incluidos en el Registro Único de Víctimas -RUV-, el 50% aún está en la fase de identificación, el 20% cuenta con el Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC- aprobado y en implementación, es decir 129 sujetos.

Se encontró retraso en la reparación colectiva de las comunidades étnicas, de 382 sujetos solo 18 están en fase de implementación. Las medidas de reparación colectiva relacionadas con infraestructura también presentan demora, derivados de la falta de coordinación y articulación de las diferentes entidades del Gobierno.

También llamó la atención los ajustes técnicos y operativos realizados por la Unidad de Víctimas al Programa de Reparación Colectiva a través de la Resolución No. 03143 de 2018, por implicar retrocesos en relación con los derechos reconocidos a la población víctima en general, y en concreto a los grupos étnicos.

Recomendaciones
Teniendo en cuenta que aún falta por indemnizar el 88% de las víctimas, la Comisión consideró que el Gobierno debe realizar un análisis frente a la capacidad presupuestal y administrativa para poder cubrir el monto total de los cobijados. Se recomendó a la Unidad para las Víctimas mejorar los reportes de información sobre la indemnización a comunidades étnicas y avanzar en la aplicación de las encuestas de caracterización y asesoría de la reparación, teniendo en cuenta las particularidades étnicas.

Ante el desplazamiento presentado entre enero a junio de 2018 de más de 17 mil personas, la Comisión solicitó una intervención integral en la que se coordinen las estrategias de vivienda, retorno, reubicación y de restitución de tierras; partiendo de la identificación del universo de víctimas que requiere acompañamiento y atención en los procesos de retorno o reubicación, y que a la fecha no se tiene claro.

En materia de restitución de tierras se evidenció un aumento en el número de solicitudes no incluidas en el Registro de Tierras Despojadas, en aplicación de causales como desistimientos, nexo de causalidad y hecho superado. De 283 casos de restitución étnica identificados, tan solo 11 cuentan con sentencias judiciales y en ninguno se ha dado cumplimiento total y efectivo de las órdenes impartidas.

Con relación a la situación de ocupantes étnicos y no étnicos en territorios en proceso de restitución de derechos territoriales colectivos, es necesario que la Unidad de Restitución de Tierras proceda a identificarlos de manera que se esclarezcan las relaciones jurídicas y económicas con el territorio ocupado, y para ello se debe contar con la participación de la Agencia Nacional de Tierras y demás entidades que concurran con una oferta institucional.

En otras materias, la Comisión encontró que el Gobierno Nacional dispone del Programa de Vivienda de Interés Social Rural, que a la fecha ha avanzado en un 19%, lo que significa la entrega de 3.995 viviendas de las 23.000 programadas en el cuatrienio. Lo anterior, a pesar del cambio de esquema operativo, el incremento del subsidio, las modificaciones técnicas a las soluciones de vivienda y los programas estratégicos para priorización preferencial de las víctimas.

En cuanto a los enfoques transversales, se evidenció la falta de indicadores de seguimiento en el Conpes 3726 a la inclusión del enfoque de discapacidad, así como la no inserción del mismo en los Planes de Acción Territorial y en las cartas de dignificación. La aplicación del enfoque de género no resulta satisfactoria en los procesos de reparación colectiva ni en la atención en salud a las mujeres víctimas de violencia sexual.

En conclusión, tras siete años de implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes los resultados obtenidos no se han dado a un ritmo que permita estimar que se cumplirá con los objetivos reparadores en los tres años que quedan de vigencia. Para la CSMLV la estrategia para asumir los desafíos planteados deberá incluirse en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, previendo una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima.