–En un hecho sin precedentes, la Fiscalía General de la Nación inició un juicio a tres altos funcionarios del departamento de Putumayo por su presunta responsabilidad en la avalancha que se registró el 31 de marzo de 2017 sobre Mocoa, la capital, que afectó a 16 barrios y causó 317 muertos y cuantiosos daños materiales.

El organismo acusador les imputó cargos ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de esa ciudad, con función de control de garantías, por el delito de prevaricato por omisión.

Los 3 altos funcionarios, que deberán responder por las presuntas omisiones frente a la avalancha, que provocó la afectación de cientos de pobladores y la destrucción de viviendas, puentes, vehículos e infraestructura vial, son:

-Luis Alesander Mejía Bustos, director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonía

-Adriana Yasmid Arcos Narváez, coordinadora del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre

-Lalo Giovanni Zambrano Ramírez, coordinador del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres del Putumayo.

Al primero se le imputaron cargos en calidad de autor y en modalidad dolosa, mientras que a los otros dos investigados como presuntos coautores y modalidad culposa.

La Fiscalía General de la Nción explicó que luego del desbordamiento de los ríos Mulato, Taruca y Sangoyaco, que generó una avalancha el 31 de marzo de 2017 y afectó 16 barrios del municipio de Mocoa (Putumayo), infirió la presunta responsabilidad de estos tres funcionarios del departamento y les imputó cargos ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de esa ciudad, con función de control de garantías, por el delito de prevaricato por omisión.

Según la investigación del ente acusador, Mejía Bustos habría incumplido el artículo 31 de la ley 99 de 1993, así como el decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, frente de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas frente a los (Pomca), que indica que “es función de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, la elaboración de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos”.

Igualmente, respecto de Arcos Narváez y Zambrano Ramírez, se presume que también incumplieron sus funciones reglamentarias como coordinadora del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres y coordinador del comité regional de prevención y atención de desastres del putumayo, frente la normatividad existente ley N°. 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” y su Decreto Reglamentario N°. 1974 de 2013, “por el cual se establece el procedimiento para la expedición y actualización del plan nacional de gestión del riesgo”.

Dadas las presuntas omisiones de los procesados, la avalancha provocó la afectación de cientos de pobladores y la destrucción de viviendas, puentes, vehículos e infraestructura vial en los sectores San Miguel Nuevo Horizonte y Junín, así como en los barrios San Fernando, Los Laureles, Jordán, Jordancito, La Esmeralda, Altos del Bosque, El Libertador, Progreso, La Independencia, Modelo, San Antonio, San Agustín, El Carmen y Los Pinos.

Los funcionarios no fueron cobijados con medida de aseguramiento pero continúan vinculados a la investigación.