–La Comisión Primera del Senado aprobó el primer bloque de artículos del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, conformado por 31 normas, entre las cuales se destacan el tiempo máximo que un investigado podría estar detenido preventivamente sería de 18 meses; los jueces tendrían que tener en cuenta para sus pronunciamientos la unificación de jurisprudencias de las altas cortes; el Procurador sería elegido por el Senado de un concurso público de méritos y el período de los magistrados se prolongaría a los 12 años y sin derecho a la reelección.

La discusión continúa este miércoles en torno a las disposiciones restantes, entre las que se encuentra la creación de un tribunal de aforados, que reemplazaría la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y un Comité Interinstitucional Judicial, que asumiría las funciones del Consejo Superior de la Judicatura.

La citada célula legislativa avaló la norma que dispone que la Contraloría General de la República podría extender su control fiscal a las entidades que funcionan con recursos públicos y que son dirigidas por altos funcionarios aforados.

De igual forma extendió a cuatro años el período del auditor, quien será elegido mediante un concurso público de méritos, tal como sucedió con el Contralor General.

Igualmente se establecieron nuevos requisitos para quienes aspiren a ser magistrados de las altas cortes. Los candidatos deberán tener mínimo 50 años de edad y 25 años de experiencia en el sector judicial o litigando como abogado.

En otro de los artículos delegó a una ley el establecimiento de los límites de indemnización en los casos en que el Estado sea condenado a pagar esos dineros, cuando deba responder por la acción u omisión de un funcionario público.

En medio del estudio de la ponencia, la célula legislativa negó el artículo que daba luz verde para que el juez de garantías pudiera cumplir funciones propias de juez de conocimiento, es decir dictar sentencia, pero siempre y cuando el investigado reconociera la autoría de los hechos o se allanara a los cargos. Sin embargo, la norma quedó viva para ser discutida en la plenaria del Senado.

La Comisión, que duró más de nueve horas estudiando el citado proyecto, negó la propuesta de reformar el habeas corpus. Se había recomendado extenderlo de 36 a 72 horas, solo para casos excepcionales y relacionados con el narcotráfico. El artículo no recibió el aval de los congresistas a quienes les pareció muy riesgoso al ponerse en juego el derecho a la libertad. “Muchas veces la excepción se convierte en general”, indicó el representante Alexánder López.

En el curso del debate, la senadora Angélica Lozano dijo que el proyecto en discusión no acercaba el ciudadano a la justicia, a lo cual la ministra de Justicia, Gloria Barrero, respondió que “la reforma no se agota con este acto legislativo y varias normas contempladas en la iniciativa sí favorecen directamente al ciudadano”.

En otro de los apartes de la sesión, el senador Rodrigo Lara manifestó que con la reforma a la justicia se busca entregarle al Presidente de la República la elección del Fiscal General por un período de seis años, a lo cual la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, expresó: “Lo que ha dicho el senador Lara no es cierto. El proyecto no tiene gallos tapados”.

En los primeros minutos de la sesión intervinieron en sesión informal el vicepresidente del Consejo Nacional de Contralores, Juan Carlos Rengifo, y Blanca Ramírez, en representación de empleados de las contralorías regionales, quienes pidieron no eliminar las contralorías regionales, pero sí fortalecer el control fiscal.

Precisamente, los senadores de la Comisión Primera archivaron el artículo en el que se proponía acabar con las contralorías municipales y departamentales. (Información Prensa Senado).