Lo anterior es una situación muy grave para los bogotanos, ya que el millón doscientos mil afiliados que dependen del Régimen Subsidiado quedarían inicialmente sin atención, provocando un gran riesgo para la salud de los ciudadanos.
La Superintendencia le dio un plazo de 30 días a Capital Salud, para que realice el reporte de todos los documentos que soportan el cumplimiento del 100% de los criterios y estándares para la autorización de funcionamiento.
También, le otorgó un plazo de dos (2) meses para que cumpla con la cobertura de red de servicios de salud de alta y baja complejidad, así como de especialidades básicas para el régimen y el mismo plazo para reducir la tasa de incidencia de las PQRD para el régimen subsidiado, generando estrategias efectivas y contundentes que permitan mitigar las causales que las originan.
Finalmente, le fija un plazo de tres (3) meses para cumplir con las condiciones financieras y de solvencia, junto con los indicadores de Gestión del Riesgo y los indicadores de Efectividad.
En total Capital Salud cuenta con seis (6) meses para dar cumplimiento a las condiciones exigidas por la Superintendencia.
Si tenemos en cuenta, que la misma Superintendencia el 28 de septiembre de 2018 expidió la resolución No. 10004 mediante el cual prohibió a Capital Salud realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados, esto conlleva a la presunta dificultad de cumplir con los requisitos financieros exigidos por la Resolución No. 010083, del pasado 2 de octubre del presente año, lo cual haría predecible un fatal desenlace.
Recordemos que en el 2015, mediante Resolución No. 001976, la Superintendencia inició una vigilancia especial como medida preventiva por las graves deficiencias financieras que presentaba Capital Salud, ante la poca mejoría de las irregularidades presentadas, la Superintendencia prorrogó la vigilancia especial mediante las Resoluciones No. 003140 de 2016 y la No. 000720 de 2017, razón por la cual la resolución No. 010083 del 2 de octubre 2018 se presenta como un ultimátum a la Promotora de Salud.
En palabras de la misma Superintendencia, “el incumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en el presente acto administrativo dará lugar a la perdida de la autorización de funcionamiento”.
Finalmente, en caso del cierre de la EPS bogotana, la Cabildante precisa que la salud de los usuarios estaría garantizada con el traslado a otras Promotoras de Salud autorizadas por la Superintendencia.
