El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que “la clase política de La Guajira ha sido insensible a las necesidades de la población infantil”, especialmente con los niños y niñas Wayúu.

“Aquí hay una cuota de responsabilidad también para ellos (la clase política del departamento), pero el Gobierno Nacional tampoco se escapa. (…) Cada muerte por desnutrición es una tragedia humanitaria que no podemos dejar pasar”.

En la audiencia “Problemáticas estructurales de La Guajira”, de la que también hace parte la Corte Constitucional que hace seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-3’2 de 2017, el jefe del Ministerio Público enfatizó en que la clave para solucionar la violación sistemática a los derechos humanos en el departamento está en el diseño y ejecución de planes conjuntos para dar cumplimiento a las órdenes del alto tribunal.

Agregó que se debe tener la capacidad de atacar sectorialmente las diferentes problemáticas, con herramientas efectivas que permitan garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, “partiendo de la base de que la peor forma de corrupción, es precisamente la violación de los derechos fundamentales”.

“Comenzará a cambiar la situación de La Guajira cuando se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional. Hay compromisos en materia de alimentación, salud, educación, agua potable y saneamiento básico que no se han cumplido todavía. Estamos listos a iniciar acciones disciplinarias si se siguen dando esos incumplimientos”.