En Encuentro Nacional de Hechos Victimizantes – Desplazamiento Forzado, que se lleva a cabo en Bogotá, representantes de este hecho victimizante de todo el país se reunieron con el Director de la Unidad para las Víctimas y otras entidades del Estado.

Una clara explicación sobre cómo optimizar el trabajo de la Unidad para las Víctimas y cómo redirigir esfuerzos para apoyar más efectivamente a las víctimas, explicó su director, Ramón Rodríguez Andrade, a los representantes de todos los departamentos por el hecho victimizante de desplazamiento forzado que se reúnen en Bogotá, durante el 20 y 21 de noviembre.

Para Rodríguez la prioridad debe ser la indemnización administrativa, y para ello contempla ajustes para hacer más eficiente la Unidad. También resalta la pertinencia de continuar con la ayuda humanitaria cuando se requiera, la reparación colectiva y la generación de ingresos como oportunidad para las víctimas de continuar con sus proyectos de vida, además de esfuerzos por la reconciliación.

“Ustedes, las víctimas, nos han ayudado mucho en este proceso, porque con su trabajo en los espacios de participación han buscado incidir, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo han hecho en los últimos siete años con iniciativas puntuales y necesarias”, dijo.

Pero los retos y desafíos que debe enfrentar la población desplazada en el contexto actual son muy grandes. Así lo explicó también Marcos Romero, directivo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), uno de los invitados especiales a este encuentro. Hizo un llamado especial para que el próximo 29 de noviembre, las víctimas pongan sobre la mesa todas sus inquietudes en la audiencia pública que la Corte Constitucional planeó para hacerle seguimiento a la sentencia T-025, que aborda el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la población desplazada.

“Las víctimas deben reconocerle a la Corte todo lo que se ha logrado, pero también deben hablar sobre los vacíos y atrasos estructurales que aún enfrentan en la protección de sus derechos. Con datos concretos alimentarán a la Corte y así se podrá avanzar”, dijo Romero.

En ese mismo sentido se pronunció la subdirectora de Participación de la Unidad para las Víctimas, Adriana Pinto Barón, quien señaló que este encuentro del 20 y 21 de noviembre debe ser un espacio de construcción, sobre todo de los insumos que se llevarán a la audiencia en la Corte, que busca identificar las dinámicas del conflicto y la violencia que generan amenazas y vulneraciones a los derechos a la vida, seguridad, libertad e integridad personal de la población desplazada, analizar la respuesta institucional en el marco de la política de prevención y protección, los avances y los principales retos que se enfrentan en la actualidad y las estrategias a partir de la cuales se planea mitigar las situaciones de riesgo que afronta la población.

Este encuentro también estuvo acompañado por Andrés Castro Forero, director de la Unidad de Restitución de Tierras; Pilar Rueda, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Ana Cristina Navarro, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; Ingrid Rusinque, delegada para los derechos de la población desplazada de la Defensoría del Pueblo; Astrid Sánchez, Representante a la Cámara por el Chocó; y Juan David Bello, de la Unidad Nacional de Protección. Cada uno de ellos expuso ante los representantes de desplazamiento forzado sobre los avances y los retos en la aplicación de la política pública para víctimas, y cómo pueden éstas aportar al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

En la tarde se formaron mesas de trabajo para encaminar las propuestas en temas como implementación de los Acuerdos de Paz, prevención y protección, restitución de tierras, generación de ingresos, vivienda urbana y rural, salud, educación, asistencia, atención y reparación integral y mesa legislativa, trabajo que continuará el miércoles.