El Contralor delegado para el sector social, José Antonio Soto Murgas, reveló los hallazgos fiscales por más de 197.000 millones de pesos en la liquidación de Saludcoop y 71.000 millones de pesos en Cafesalud, entidades que entraron en proceso de liquidación en el Gobierno Santos por corrupción en la prestación de servicios de Salud en el país.

La Contraloría General de la República evidenció nuevos hallazgos fiscales por $197.963 millones de pesos en la finalización del proceso de intervención de Saludcoop EPS, liderado por el Agente Especial Guillermo Grosso Sandoval; y pudo verificar, el direccionamiento de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud a la sociedad subordinada Corporación IPS Saludcoop, en la cual el grupo económico tenía una participación accionaria del 95.67%.

El organismo de control identificó giros de desembolsos de anticipos de Saludcoop EPS en Intervención con destino a la Corporación IPS Saludcoop, por autorizaciones del Agente Especial Interventor, sin que se hubiese evidenciado una contraprestación de servicios de salud; por lo que se concluye, que estos recursos girados como anticipos no tenían garantía de devolución de los recursos al sistema o a Saludcoop EPS en Intervención; y evidencian irregularidades por $75.974 millones.

Además, el 24 de noviembre de 2015, el mismo día que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la Liquidación Forzosa Administrativa de Saludcoop EPS en Liquidación, Guillermo Grosso Sandoval autorizó a través del Director Nacional de Tesorería de la EPS Saludcoop, realizar giros bajo la figura de endoso, por concepto de pago de arrendamiento que la Corporación IPS Saludcoop le debía a RV Inmobiliaria por $802.160.647; sin que hubiesen sido servicios de salud que la EPS tuviera a su cargo, lo que evidenciaría otro detrimento patrimonial.

Así mismo, se autorizó el pago de giros directos, a través del Consorcio SAYP por $121.165.078.440, a favor de la Corporación IPS Saludcoop, sin que se pudiesen evidenciar los soportes de la facturación que garantiza la realización de la prestación de los servicios de salud, por parte de la Corporación IPS Saludcoop a usuarios de Saludcoop EPS en Intervención, con lo se configura otro detrimento patrimonial adicional.

Se evidenció que se prestaron servicios de transporte para personal administrativo, solicitados y autorizados estos en la vigencia 2015 y facturados por la UNIÓN TEMPORAL SASO V&G en la vigencia 2016, a nombre de Cafesalud EPS; los cuales fueron pagados por Cafesalud EPS en la vigencia 2016, por $21.437.800; cuando Guillermo Grosso Sandoval, era ya presidente de Cafesalud EPS.

Irregularidades al final del proceso de intervención

Un total de $197.963.171.041, son las irregularidades que encontró la Contraloría General de la República en la auditoria al proceso de intervención a la EPS SALUDCOOP, que adelantó entre el 23 de julio y el 14 de diciembre de 2018. Irregularidades que se presentaron en especial en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015, cuando ya se estaba finalizando el periodo de intervención de Saludcoop EPS.

La EPS Saludcoop estuvo liderada por Guillermo Grosso Sandoval como Agente Especial Interventor, desde el 23 de mayo de 2013 hasta el mes de noviembre del 2015 y su designación la realizó la Superintendente de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud.

Mediante Acta 270 de Junta Directiva de Cafesalud EPS, el 25 de noviembre de 2015, se nombra a Grosso Sandoval como presidente encargado de Cafesalud EPS, con una remuneración mensual de $24.700. 000. Es decir, entre los años 2013 a 2015, estuvo como Agente Especial Interventor de la EPS SALUDCOOP, para posteriormente pasar a la Presidencia de CAFESALUD EPS.

El caso Cafesalud

Por otra parte, entre el 23 de julio y el 14 de diciembre de 2018, la Contraloría General de la República adelantó auditoria a Cafesalud EPS, en lo correspondiente a las vigencias 2015 y 2016. Los hallazgos fiscales detectados superaron esta vez los $71.000 millones.

Grosso fue designado el 25 de noviembre de 2015, mediante acta 270 de la junta directiva, presidente de Cafesalud, un día después de haber culminado la intervención de Saludcoop.

Uno de los casos que llamó particularmente la atención de los auditores, corresponde a que con una factura por algo más de $1.6 millones, identificada a través del aplicativo SYC, Grosso -en ese momento presidente de Cafesalud- ordenó pagarle a la IPS Saludcoop casi $19.000 millones.

Los auditores también establecieron que recursos de la salud por más $9.500 millones, fueron ordenados y girados, entre septiembre y diciembre de 2015, a la Cooperativa Progressa, por concepto de descuentos de nómina e intereses, que la Corporación IPS Saludcoop adeudaba a esta cooperativa. Los pagos realizados por Cafesalud no correspondieron a servicios de salud prestados por la IPS.

Se evidenciaron también en los gastos administrativos, hallazgos con connotación fiscal por más de $43.000 millones; dichas desviaciones se realizaron entre las vigencias 2015 y 2016, periodo en el cual los representantes legales de Cafesalud eran en su respectivo orden cronológico, Carlos Andrés Mantilla Galvis y Guillermo Enrique Grosso Sandoval.

El origen de dichas desviaciones se encuentra en la suscripción de contratos no relacionados con la prestación de servicios de la salud, y que fueron pagados con recursos destinados para tal fin. Entre ellos están la compra de mobiliario, equipos de tecnología, adecuaciones, servicios de hospedaje y compra de tiquetes aéreos para personal administrativo de Cafesalud.

Igualmente, aparecen pagos por concepto de honorarios a los miembros de la Junta Directiva, entre otros. Tal comportamiento derivó en menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento y pérdida de los recursos destinados exclusivamente al Sistema General de Seguridad Social en Colombia – SGSS e impactó negativamente la calidad y oportunidad de los servicios de salud prestados a los usuarios del sistema.

Los recursos comprometidos tienen el carácter de parafiscales y por eso no pueden ser destinados para fines distintos a la prestación del servicio de salud.

Además de los hallazgos fiscales validados, producto de las dos auditorías anteriormente mencionadas, se adelantarán seis indagaciones preliminares por más de $720.000 millones.

Ante la dimensión y gravedad de los hallazgos, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, ha dado prioridad para que estos procesos se adelanten con la mayor celeridad y contundencia.