Se logró establecer que, el exfuncionario anunció en una entrevista radial que se disponía a rechazar la solicitud de una entidad privada para operar como empresa promotora de salud, decisión que hasta ese instante no había sido emitida por su despacho y por tanto no había sido comunicada a la empresa interesada.

En la entrevista Morales Cobo señaló posibles vínculos de uno de los accionistas mayoritarios de la empresa solicitante con grupos al margen de la ley, así como el eventual conflicto de intereses en el que estarían incurriendo otros dos socios de la empresa aspirante, precisando que esos datos se los había entregado la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, desconociendo de esta manera un proyecto elaborado por dos delegados de la Supersalud, que acogía la petición y no hacía referencia a irregularidades.

Para la Procuraduría, Morales Cobo perdió su imparcialidad, uno de los principios rectores de la función administrativa, al adelantar su decisión en un medio de comunicación, así como también abusó de su cargo y funciones al afectar el buen nombre de un ciudadano, ya que los señalamientos hechos en la entrevista no fueron sustentados en la decisión adoptada, pues la negativa a la solicitud tuvo como fundamento el tema del conflicto de intereses.

Por ese hecho, el Ministerio Público calificó la conducta del exsuperintendente como falta grave cometida a título de dolo. Al tratarse de un exfuncionario, la suspensión fue reemplazada por una multa de $128.520.117, suma equivalente al salario devengado durante el periodo de su suspensión.

Contra esta decisión él disciplinado presentó recurso de apelación.