El Consejo de Estado revocó una condena de reparación directa que le fue concedida a un exfuncionario de la Gobernación de Boyacá, que alegaba haber sido detenido injustamente por irregularidades en un contrato para la adquisición de juguetes, algunos en mal estado, que fueron repartidos entre los hijos de los empleados de la administración departamental en la navidad de 1999.

Por ese hecho, denominado por los medios de comunicación como el “caso de los teletubbies”, la Fiscalía ordenó la detención domiciliaria preventiva del funcionario delegado por el gobernador de la época para celebrar ese contrato. Ocho meses después el procesado fue exonerado penalmente y puesto en libertad. Debido a su detención, interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, quien ordenó indemnizarlo con una suma superior a 120 millones de pesos.

La Nación – Fiscalía General de la Nación, quien había sido declarada responsable del pago de la condena, interpuso recurso de apelación y la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el fallo, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero.

Según la sentencia, si bien el demandante fue absuelto por la justicia penal, la selección improvisada del contratista y su escogencia sin la existencia de un análisis de mercado, llevó a la Fiscalía a inferir que, además de vulnerarse los principios de selección objetiva, se pudo incurrir presuntamente en un delito de celebración indebida de contratos. El Consejo de Estado consideró que la entidad demandada no debe asumir la reparación del daño provocado por la privación de la libertad del funcionario, al configurarse la causal exonerativa de culpa exclusiva de la víctima.