“Hoy hay una crisis en materia de justicia policiva en Bogotá. Un inspector que antes tenía 280 querellas para tratar, hoy la cifra es de 5 mil y se está dando fecha de cita para dentro de dos años, lo cual es un despropósito. Cerraron el Consejo de Justicia que era la segunda instancia para este tipo de asentamientos. La Secretaría de Gobierno tuvo que suspender términos, es decir en este momento no hay justicia policiva en Bogotá”, expresó la concejal Navarro quien precisamente es especialista en derecho policivo de la Escuela de Posgrados de la Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro.
La concejal expresó que con esta inoperancia los beneficiados son los vendedores de tierras ilegales que se aprovechan de incautos que compran propiedades o lotes en donde no existe ningún permiso de edificación y/o asentamiento.
“Los tierreros hacen fiestas, son mafias que juegan con la vida de la gente porque ocupan lotes, los dividen y se los venden a gente incauta mientras que la inspección y vigilancia del estado es nulo. Por lo mismo hago un llamado a la Secretaría de Gobierno, a la Personería de Bogotá, a la Contraloría para que de manera urgente emitan un concepto para determinar si en la ciudad hay capacidad de respuesta para abordar este tema de los asentamientos humanos. No es solo con Esmad como lo hace este gobierno, es con asistencia integral como se resuelve una situación de tamaña complejidad”, aseguró la concejal.
Para Navarro el fenómeno de los asentamientos humanos además debe valorarse como una consecuencia de la pobreza extrema que hay en Bogotá y también en Colombia, de un conflicto que aún no finaliza, gente que llega a la ciudad a buscar cómo vivir. “Eso lo afronté con mi familia. Muchas de esas familias que hoy llegan, ocupan un lote, un lugar, se configura un reasentamiento para rehacer su vida, pero no por esto se les puede catalogar como delincuentes”, dijo enfática la cabildante.
La concejal Navarro instó también al gobierno distrital para deje de perseguir a las clases populares. “En 2016, había 230 mil personas en 125 asentamientos informales, que fueron reconocidos por la Secretaría de Hábitat y otros que no tienen esa condición por parte del Distrito porque hoy, y lo denuncio ante los organismos de control, no tienen agua ni servicios públicos como he tenido oportunidad de conocerlo en barrios de Ciudad de Bolívar que colindan con Soacha. La situación además se advierte más crítica por la presencia masiva de ciudadanos venezolanos”.
Por último, la concejal vocera del Polo Democrático en el Concejo, conminó precisamente a la corporación para que, por medio de una comisión accidental, nuevamente se aborde la realidad de Código de Policía que calificó como absurdo para Bogotá. “La justicia de policía está en crisis y eso da pie para que los problemas de violencia aumenten, para que haya riñas entre vecinos y da pie para que no haya credibilidad en el Estado”, sostuvo Navarro.
