El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, al intervenir en la Audiencia sobre el uso del glifosato en la Corte Constitucional, manifestó que “la mejor manera de atacar el crecimiento de área sembrada con coca es la sustitución voluntaria”, pero advirtió que debe ir acompañada de “sólidas y efectivas políticas de desarrollo e inversión social, así como del ultimátum creíble de la erradicación forzosa”.

“La Procuraduría en esto es clara al señalar que los parámetros fijados por la Corte Constitucional para la práctica de aspersión área de herbicida sobre cultivos ilícitos, no representan una traba en la lucha contra el problema de las drogas, sino una garantía institucional, para que su uso se adecúe a los preceptos constitucionales. Y así debe ser la interpretación de sus fallos, con la ponderación y búsqueda de garantías admisibles que equilibren seguridad nacional y lucha contra la criminalidad, frente a los derechos a la salud y el ambiente sano de las poblaciones y grupos étnicos, en la ruralidad”.

Frente a la aspersión aérea, Cortés González advirtió que “no es la única, ni la determinante para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos”, y enfatizó en que si es utilizada debe estar sometida al desarrollo de una política integral y articulada de erradicación voluntaria y forzosa y de desarrollo social, y al cumplimiento de los estándares fijados por la Corte Constitucional en las sentencias T-080. T-236 y T-300 de 2017.

Señaló que frente a la aspersión aérea, el Gobierno Nacional, para cumplir las sentencias del alto tribunal, debería presentar un programa de “acciones y compromisos, entre los que se incluyan aspectos como:

(1) definición de una instancia técnica e internacional de vigilancia y acompañamiento, preferiblemente un organismo de carácter científico con reconocimiento institucional en el ámbito de Naciones Unidas.
(2) establecimiento de un programa de participación ciudadana y diálogo con las instituciones, en todas la etapas del proceso.
(3) adopción de una plataforma efectiva para recibir y responder oportunamente peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos y las poblaciones potencialmente afectados.
(4) programa de actualización de las institucionalidad administrativa, para que se diferencien los operadores que regulan la política contra las drogas, de aquellos que la ejecutan.
(5) presentación de un programa exhaustivo de mitigación de riesgos asociados a la aspersión.
(6) adopción de mecanismos ágiles que permitan responder a situaciones de emergencia y realizar valoraciones temporales sobre los impactos del herbicida.
(7) propuesta a la Corte Constitucional sobre un mecanismo de reporte periódico que, con adecuada base científica, permita a esta tomar decisiones inmediatas de suspensión, ajuste, modificación u otras en relación con las estrategias adoptadas por el Gobierno, dándole flexibilidad y oportunidad a la toma de decisiones y al control sobre sus efectos”.

Para el Viceprocurador General “es necesario que se busquen garantías admisibles que equilibren seguridad nacional y lucha contra la criminalidad, frente a los derechos a la salud y el ambiente sano de las poblaciones y grupos étnicos, en la ruralidad” e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que la hoja de ruta se traduzca en acciones articuladas y coordinadas interinstitucionalmente, a nivel central y territorial.

En este sentido, advirtió que actualmente las políticas de erradicación voluntaria y forzosa están desarticuladas porque “se estructuran con metas basadas en la erradicación y no en la transformación territorial, ni en la sostenibilidad de la intervención”.

Así mismo, precisó que los beneficios de la sustitución voluntaria frente a la erradicación forzosa son múltiples. La primera genera desarrollo en los territorios y fuentes de ingreso permanente para las familias, y la segunda, es necesaria para el control del crecimiento de los cultivos de coca en el país.

Aseguró además que la presión del Estado debe aplicarse sobre todos los eslabones de la cadena de manera simultánea, sin olvidar los problemas de las familias colombianas dedicadas al cultivo (llamados eslabones débiles de la cadena del narcotráfico).

“La demanda inelástica y la flexibilidad con que pueden adaptarse y trasladarse los cultivos y las estructuras de procesamiento, hacen que la cadena de producción y exportación de cocaína se recupere rápidamente en el momento en que la presión cesa. En este sentido, pareciera que la capacidad de respuesta de las organizaciones criminales es mucho más rápida que la de las autoridades encargadas de combatirlas”.

Finalmente, el Viceprocurador lamentó que los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá sean las regiones más afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, territorios donde también hay más pobreza y asesinatos a líderes sociales.