Lo hizo la Unidad de Investigación y Acusación, por medio de su director, Giovanni Álvarez, quien le pidió este jueves la renuncia a 40 de los funcionarios a su cargo, la entidad es una especie de Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

La solicitud la hizo a 24 fiscales y 16 delegados ante salas y tribunales que venían desarrollando labores desde el mismo día de posesión de esa unidad.

Según fuentes del organismo esta decisión servirá para poder revisar detalladamente cada uno de los perfiles los funcionarios, después de la captura de uno de los fiscales de la entidad.

Al respecto el fiscal Giovanni Álvarez dijo que por el momento se desconoce si hay otros funcionarios de la Unidad involucrados en el caso de corrupción, por lo que no puede condenarse ni a la unidad ni a la JEP por la actuación de uno solo.

Y agregó que: “Yo no puedo prever aquello en lo que incurra una persona cuya hoja de vida aparece impecable. No me puedo meter en el corazón y en la conciencia de la gente. Partí del principio de la buena fe y por supuesto confío en que la mayoría de la gente es buena. No podemos satanizar a la JEP porque uno de sus funcionarios se sale del cauce”.

También sostuvo que: “ninguna persona se ha nombrado en la UIA por recomendaciones políticas. Todos se han nombrado porque cumplen con los requisitos y las exigencias que se requieren para los cargos: por lo menos el 80 % del personal cumple con creces con los requisitos”.

Como se recuerda, el fiscal de la JEP, Carlos Alberto Bermeo se declaró inocente de los delitos de cohecho, concierto para delinquir con fines de corrupción y tráfico de influencias.

Estos cargos fueron imputados a Bermeo por la Fiscalía General, dentro del proceso por una presunta inferencia en la extradición de ‘Jesús Santrich’.

En este mismo caso, el exsenador Luis Alberto Gil aseguró en teleconferencia, que no aceptaba los cargos debido a que nunca incurrió en una conducta contraría a la ley como lo manifiesta la Fiscalía General.

El ente acusador dijo que Bermeo se comprometió a interferir en el proceso que se sigue en la JEP para la extradición de Santrich, asegurando que se encargó de entorpecer el trámite de la carta rogatoria enviada por el Ministerio de Justicia a las autoridades judiciales de los Estados Unidos en las que se pedían las pruebas por el presunto envío de 500 toneladas de cocaína a ese país.

El fiscal del caso señaló que: “En una reunión usted ofreció retardar órdenes a policía judicial, solicitar prórrogas de las órdenes impartidas por un magistrado para dilatar términos, la devolución de documentos enviados por una agencia de investigación extranjera dentro del caso de extradición de Seuxis Pausis Hernández”.

La Fiscalía hizo referencia de la existencia de una “organización delincuencial” diseñada para intervenir en este tipo de procesos, con la participación de un secretario general y un magistrado de la JEP.

Y agregó que: “Incluso se habla de un magistrado con el cual miembros de esta organización delincuencial han estado reunidos y que además cuenta con un grupo grande de servidores que colaboran en esta empresa criminal”.