–El Juzgado 39 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, envió a un centro carcelario, tras cobijarlo con medida de aseguramiento, al abogado Leonardo Luis Pinilla, procesado dentro del escándalo de corrupción de la Justicia más conocido como el cartel de la toga, liderado por el exfiscal Luis Gustavo Moreno.

Con el fin de sustentar tal petición, el ente investigador advirtió que Pinilla es considerado como un peligro para la comunidad toda vez que, existen elementos de prueba suficientes que lo vinculan en supuestos actos de obstrucción a la justicia relacionados con exigencias de dinero en varios eventos que involucran a funcionarios de la Rama Judicial.

“Hemos establecido una vez más que Pinilla haría parte de organizaciones al margen de la ley que interfieren en el reparto de procesos, en obtención de información privilegiada, conocen prematuramente la expedición de ordenes de captura y de interceptaciones de llamadas”, indicó.

Del mismo modo anotó, que el abogado obtenía información privilegiada durante los trámites de principios oportunidad, así como de la identificación de testigos que hacen parte de investigaciones judiciales.

Agregó la Fiscalía que “tenían contactos con la Policía de Córdoba para evadir el normal desarrollo de la actividad de la Policía, el manejo de procesos en extinción de dominio y el pago a médicos y personal de las cárceles para evitar el traslado de internos a los centros carcelarios”.

El fiscal explicó además los alcances de una conversación obtenida el 23 de junio de 2017 entre Pinilla y un interno identificado como John Fredy, quien hacía las veces de intermediario de trámites ilegales para la expedición de certificados médicos.

“Y los 50 palos qué, ya te los gastaste amigo; responde John Fredy; amigo entregué 10 a Pinilla, 5 al director de la cárcel aquí, y aquí en el hospital 5, a la especialista y a médico general de a 2, 10 millones para unos medicamentos de Cartagena y unos gastos de la casa”, relató el fiscal al hacer la solicitud de privación de la libertad.

Por estas razones el juez consideró oportuna la privación de la libertad en un centro de reclusión por la inminente posibilidad de afectar el debido proceso judicial.