El desarrollo de la política pública distrital de víctimas del conflicto armado se encuentra bajo la competencia de la Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación, cuyo principal aliado estratégico es la Secretaría Distrital de Integración Social frente al tema de atención y asistencia a víctimas del conflicto, en el marco de la Ley 1448 de 2011.

No obstante, la Secretaría aclara que la población objeto de los servicios sociales se dirigen a las personas con mayor vulnerabilidad de la ciudad y su ingreso a estos se da por demanda y cuando cumplen los criterios establecidos en la Resolución 0825 de 2018.

En cuanto a los avances de la política, la Personería de Bogotá resaltó que, en Bogotá, como a nivel nacional, el resultado es muy positivo en el cumplimiento de los derechos relacionados con la asistencia y atención (Subsistencia mínima, alimentación, salud, educación). Sin embargo, señaló que, los avances son muy regulares, malos y muy malos en el goce de los derechos relacionados con la reparación integral (vivienda, ingresos, educación, atención psicosocial, indemnización por vía administrativa).

En este contexto, nos preocupa sobremanera el Eje de Reparación Integral: Derechos a Indemnización Administrativa, Vivienda, Atención Psicosocial, Educación, Ingreso, en especial, el cumplimiento o los avances del componente de la Atención Psicosocial, del cual, según la información reportada por la Personería de Bogotá, tan solo se ha avanzado un 2,5%.

En un estudio publicado por la Universidad Nacional de Colombia en junio de 2019, se demostró que la atención en salud de las víctimas del conflicto se ha centrado en la parte física, cuando las personas víctimas de la violencia en condición de desplazamiento forzado se deben enfrentar a retos como la barrera del idioma, el no estar lo suficientemente preparados para nuevos campos laborales, la separación de las familias y la dificultad para establecer nuevas relaciones en las comunidades receptoras, entre otras dificultades.

En la mima investigación, liderada por Ángela Villamil, magíster en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se reveló que se estima que 1 de cada 5 personas en escenarios de emergencia y conflicto padece de ansiedad y depresión, además de altos niveles de estrés agudo y crónico, debido a las pérdidas significativas, la exposición prolongada a enfrentamientos y los desplazamientos forzados. Así mismo, se afirma que dichas secuelas están marcadas en la memoria y en el cuerpo tanto de la población civil como del personal humanitario y de los actores armados, realidades que exigen profundizar en el cuidado de la salud mental de estas personas, con intervenciones efectivas.[1]

Según la investigadora, “Es necesario reconocer y enfrentar el trauma sexual militar, la protección para veteranas en situación de personas sin techo, mitigar los factores de riesgo frente al suicidio –que según reportes de la literatura son mayores en las mujeres frente a sus pares hombres– y disminuir las barreras para el acceso a cuidados en su salud sexual y reproductiva”[2]

Por otro lado, Villamil señala que las familias de los veteranos de guerra tienen que enfrentarse a otras dificultades como la presión financiera, los problemas para equilibrar los gastos, el cuidado y el bienestar de la familia, sumado a los conflictos intrafamiliares, en los que se manifiesta mayor tendencia a la irritabilidad, temor por el manejo de armas, aislamiento y problemas en la relación con los niños, entre otros aspectos. “Existen reportes de trastornos de la conducta, consumo de sustancias psicoactivas, conductas suicidas y trastornos de la alimentación; además las tasas de divorcio en estas familias han aumentado, con sus respectivas consecuencias para los hijos”, señala la investigadora.

Para finalizar, podemos hacer las siguientes reflexiones:

•Si bien es cierto que desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y la Guerrilla de las FARC disminuyó notablemente el número de desplazados y de víctimas de la violencia, también es cierto que la violencia en el 2018 se intensificó, según reportó la organización Consejo Noruego para Refugiados (NRC) quien señaló que a lo largo de 2018 más de 145.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en 2018, por lo cual no se debe bajar la guardia frente a la atención de esta población.

•Si bien existen políticas y rutas de atención, estas han resultado en ocasiones insuficientes para atender el número de desplazados que llegan a la ciudad. Jorge Gallego, profesor de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, argumentó que hay un problema de enfoque de los incentivos, pues a mayor número de asistencias más atrayente será venir a Bogotá y más compleja se vuelve la problemática.

•Es claro que la problemática no tiene que ver únicamente con las precarias condiciones de vida a las que se enfrenta la población desplazada. Esto tiene que ver también con otras problemáticas que se derivan como la trata de personas, el trabajo infantil, la desnutrición crónica de menores y adultos mayores, entre otros.

•Es urgente visibilizar los mecanismos de ayuda para que más personas reciban atención.