–Por el asesinato de dos periodistas en el departamento de Antioquia, un Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso este martes una nueva medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra los integrantes de la llamada cúpula del Eln alias Gabino, alias Pablo Beltrán y alias Antonio García, quienes se hallan radicados en La Habana, Cuba y a los cuales el gobierno nacional ha solicitado en extradición en reiteradas oportunidades.

Las víctimas mortales fueron los comunicadores Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, asesinados por elementos del Eln el 24 de abril de 1991 en el municipio de Segovia, Antioquia, supuestamente al ser confundidos por integrantes de la inteligencia militar.

Los cabecillas responsables, por línea de mando, son Nicolás Rodriguez Bautista, alias “Gabino”; Israel Ramírez Pineda, alias Pedro Beltrán y EliecerHerlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García.

La Fiscalía determinó que los dos comunicadores viajaron hasta Segovia para recaudar información que les permitiera narrar en una crónica la masacre ocurrida en este municipio el once de noviembre de 1988, con saldo de 46 personas muertas y 45 más heridas a manos de un grupo paramilitar comandado por Fidel Castaño gil.

La investigación permitió establecer que el homicidio de los dos periodistas fue ejecutado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) quienes creyeron que los hombres que recién llegaban de Bogotá (3:30 p.m.) hacían parte de la inteligencia militar.

Durante el recaudo de pruebas, los investigadores de la Fiscalía determinaron que estas personas fallecieron por “circunstancias que imposibilitan el ejercicio de la acción penal contra ellos”, según el fiscal del caso, quien agregó que el actuar de los milicianos del ELN, que hicieron efectivo la muerte violenta de Chaparro y Torres, no fue una decisión aislada sino que correspondió a órdenes impartidas por sus superiores en la agrupación armada ilegal.

El asesinato, ocurrido hace 28 años, fue declarado como “Crimen de guerra” por la Fiscalía General de la Nación en diciembre pasado. “Eran civiles que no participaban en el conflicto”, argumentó el ente investigador tras recordar los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, por cual consideró aplicable las normas del Derecho Internacional Humanitario.

En este caso, la investigación da por probado que con las muertes de Chaparro Hurtado y Torres Navas se cumple claramente el nexo con el conflicto interno, y que no fueron asesinados por su condición de periodistas.

“Aquí las milicias del ELN actuaron en acatamiento a su misión de combatir a las fuerzas del Estado y opositores a sus objetivos de lucha, con el convencimiento de que las víctimas eran miembros de inteligencia militar, a quienes por demás catalogaban como aliados de los paramilitares, otros de sus enemigos naturales en este extenso conflicto colombiano”, precisa la Fiscalía y agrega que con estos dos asesinatos se incurrió en el llamado “homicidio intencional”.