Condenan a 14 y 15 años a dos exgobernadores de San Andrés por actos de corrupción
Según la Fiscalía General de la Nación los exgobernadores Aury Socorro Guerrero y Ronald Housni, se aliaron con contratistas como Fernando León Diez, y con funcionarios de la época como Cesar Augusto James Bryan, exsecretario general de la Gobernación, para entregarles la contratación de San Andrés y Providencia; a cambio de ello los exmandatarios recibieron el 10 por ciento de cada uno de los contratos otorgados y adicionalmente una remuneración económica por la gestión adelantada.
La Fiscalía presentó el siguiente balance de los casos más impactantes en materia de corrupción en el archipiélago:
La exgobernadora Aury Socorro Guerrero aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y cohecho propio por 9 contratos. Por lo que recibió una pena de 14 años de prisión.
Aury Socorro es investigada por hechos ocurridos desde el 2011. En su alianza con los contratistas recibió $400 millones para su campaña a la gobernación a cambio de adjudicarles contratos de los que recibió el 10 por ciento de cada uno.
En total se asignaron 9 contratos que sumaron $39.011.831.646 y ella recibió $3.901.183.165.
Estos son los Contratos:
-Contrato de obra para la reconstrucción y ampliación de la Institución Educativa Flowers Hills
-Contrato de obra para la reconstrucción, adecuación y mantenimiento de la Institución Educativa Instituto Bolivariano Etapa 1.
-Contrato para la interventoría técnica, financiera y administrativa de obras físicas de reconstrucción, ampliación, y mantenimiento de la Institución Educativa Intsituto Bolivariano Etapa 1, y la Institución Educativa Flowers Hills.
-Contrato de obra para la construcción del Megacolegio CEMED Antonia Santos
-Contrato interventoría financiera, técnica y administrativa de obras de construcción Megacolegio CEMED Antonia Santos
-Construcción y adecuación de edificios púbicos
-Contrato de obras Casitas Isleñas de turismo. Recuperación, adecuación y mantenimiento de inmuebles para la implementación de puntos de información turística y promoción de la cultura como atractivo turístico.
-Dotación y construcción de sedes para el archivo general y el Sistema Integral de Emergencias SIES.
-Interventoría contrato SIES
El exgobernador Ronald Housni aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio y peculado por apropiación. Por lo anterior el exfuncionario recibió una pena de 15 años de prisión con el compromiso de retornar el dinero apropiado y que se generó con el cohecho.
El exgobernador Housni fue investigado por cinco tipos de conductas que habrían ocurrido entre el primer semestre de 2015 y el 2017. En total el incremento patrimonial ascendió a $5.077.239.894.
Desde 2015 el exgobernador se habría aliado con la exgobernadora Aury Socorro Guerrero y contratistas para cometer delitos que afectaban la administración pública. Los contratistas investigados le habrían dado el exgobernador Housni 1.200 millones de pesos para gastos de la campaña política
-Adiciones a contratos que ya había adjudicado la exgobernadora Aury Socorro Guerrero relacionados con colegios:
-Adición a contrato 1190 del 6 de octubre de 2013. Reconstrucción y ampliación de Institución Educativa Flowers Hills Bilingual School en San Andrés.
-Adición a contrato 1205 que tenía como objeto la reconstrucción, adecuación y mantenimiento de la Institución Educativa Instituto Bolivariano Etapa 1.
-Tres adiciones a contrato de interventoría técnica y financiera de los colegios Bolivariano y Flowers HIll
-Megacolegio CEMED Antonia Santos de San Luis en la Isla de San Andrés
-Interventoria Megacolagio CEMED
-Contrato obra de construcción sedes para archivo general del departamento y el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, SIES.
-Contratos interadministrativos con la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (EDUA).
Tenía como objeto la restauración del antiguo hospital y parque recreo-deportivo Barrack, Deck en South end, Deck, Puente Acuático, intervención zona el Hoyo Soplador, hipódromo, y construcción del proyecto del centro comunitario, cisterna y parque recreodeportivo Barrack.
En total por estos contratos y adiciones del proceso 1, el exgobernador recibió $3.403.438.216.
Proceso 2
Se investiga las irregularidades en la adjudicación del contrato con la empresa ‘Su oportuno servicio Ltda.’ que tenía como objeto la prestación de servicio de vigilancia. Por valor de $1.985.854.556.
De acuerdo con el material probatorio recaudado, la irregularidad presentada fue que el exgobernador participó del proceso de selección sin hacer parte del comité evaluador, pero adicionalmente estaba impedido porque había laborado durante 16 años con la empresa que era socia de la beneficiada con el contrato.
Proceso No. 3.
Housni celebró convenios con Fundaciones que no cumplían los requisitos de ley. Algunas de las actividades pactadas fueron por el viaje de un grupo musical a Chile, la celebración de fiestas patronales en el 2016, una plataforma interactiva de indicadores de competitividad de sectores de turismo, agrícolas y pesquero, además de la realización de un contrato con un amigo cercano por $1.050 millones para prestar servicio logístico en eventos, talleres y seminarios de sensibilización.
Proceso No. 4.
Contrato de telemedicina por un valor de $1.256.500.000. Se presentó un sobrecosto de $748.191.958. Por la asignación del contrato el exgobernador recibió la suma de 100 millones de pesos que fueron dejados en los baños de la Gobernación para que el mandatario los recogiera.
Proceso No. 5.
Celebración de un contrato firmado con la empresa Fund Century por valor de $1.308.000.000 y que tenía como objetivo la realización de eventos, talleres, y seminarios de promoción. La apropiación por este contrato según el material probatorio recaudado fue de $484.809.720. Las irregularidades estaban representadas en actas y facturas duplicadas, y sobreprecios.
Estado procesal
Por estos hechos fue suspendido el gobernador de San Andrés Ronald Housny Jaller, quien recibió una condena de 15 años de prisión, y la exgobernadora Aury Socorro Guerrero, 14 años quien tiene detención domiciliaria.
Adicionalmente 9 personas entre exfuncionarios y contratistas se encuentran en acusación. Todos tienen medida de aseguramiento.
A centro carcelario fueron enviados:
-Ain Zulema Conolly, exjefe oficina jurídica de San Andrés
-Luis Albeiro Urrego, supervisor de contrato.
-Elizabeth O´Neill, supervisora de contratos.
-Mauricio Jose Rodriguez Cotua, contratista.
-Sergio Fabian Lever Whittaker, contratista.
En detención domiciliaria:
-Tatiana Pérez García (exsecretaria de planeación)
-Edelmira Archbold Hawkins (exsecretaria de educación)
-Alejandro Lozano Bowie, exsecretario de Infraestructura de San Andrés.
-Juan Diego Alvis Cotes, particular
Por su parte, Cesar Augusto James Bryan, exsecretario general de la Gobernación, aceptó cargos por concierto para delinquir.
Asimismo, se continuó con la investigación de los tres contratistas que tienen un proceso similar por hechos de corrupción en Armenia y que cuentan con medida restrictiva de la libertad.
-Ángel José Angarita Pareja, fue imputado en Armenia y aceptó cargos por interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.
-Fernando León Diez Cardona, fue imputado y aceptó cargos por concierto para delinquir.
-Hernán Moreno Pérez, tiene programada audiencia para imputación el próximo 7 de octubre en Armenia. Esta privado de la libertad por hechos similares en esa ciudad.
Compulsa de copias
La Fiscalía compulsó copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que adelante las acciones de su competencia respecto al actual representante a la cámara, Jack Housny Jaller, hermano del gobernador Ronald Housny.
Proceso de extinción del derecho de dominio.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio a 58 bienes, avaluados en 150 mil millones de pesos, que estarían a nombre de los involucrados en los hechos ya mencionados y que pusieron en riesgo más de 120 mil millones de pesos del departamento. En las diligencias fueron incautados, además, cerca de 400 millones de pesos.
Los bienes afectados fueron los siguientes:
30 inmuebles en Antioquia de propiedad de las empresas contratistas
20 inmuebles en San Andrés Islas y 1 en Bogotá, de propiedad de los dos exgobernadores y un representante a la cámara.
4 sociedades y 3 establecimientos de comercio que conformaron los consorcios contratistas.
Cabe destacar que la investigación tuvo origen en Armenia con el caso de valorización denominado Diez por ciento que ya tiene 12 capturados entre ellos el alcalde Carlos Mario Álvarez, la exalcaldesa Luz Piedad Valencia, funcionarios de sus administraciones y contratistas como Fernando Diez Cardona, quien prendió el ventilador vinculando al gobernador y a la exgobernadora de San Andrés, pues la modalidad en las dos regiones fue la misma, apropiarse de los recursos públicos de la educación.
Fundación Fantasma
La Fiscalía recaudó material probatorio acerca de presuntas irregularidades en la Fundación Fun Century que habría presentado documentación falsa como certificados, contratos falsos no ejecutados con el fin de demostrar experiencia adquirida, y que la gobernación le asignara contratos que habrían causado un detrimento patrimonial que supera los $2.000.000.000.
Estado procesal.
Por estos hechos fueron acusados:
-Roberto Francis Simpson, representante de la fundación. Se encuentra en centro carcelario
-Consuelo Britton Taylor, jefe de la oficina de Familias en Acción de la gobernación. Se encuentra en detención domiciliaria
-Alain Enrique Manjarrez Flores, se encuentra en detención domiciliaria
Diputados San Andrés.
Los dos diputados Bradinson Fernández y Milton López, fueron suspendidos de sus cargos y se encuentran con medida de aseguramiento domiciliaria, después de que fueran imputados por presuntamente haber presionado al Secretario de Agricultura y Pesca, para favorecer a personas cercanas con contratos y cargos en la Gobernación.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, se presentó un video en el que se observaría al diputado Bradinson Fernández, solicitando convenios por 320 millones y contratos de suministros por 40 millones. Por el contrario, Milton López, habría exigido que le asignaran convenios para su propia fundación, obviando los permisos y con el fin de traer extranjeros para la explotación de la pesca, en perjuicio de los pescadores artesanales.
Por estos hechos fueron acusados por los delitos de: tráfico de influencias y concusión. Para noviembre del presente se tiene prevista la audiencia preparatoria de juicio oral.
