–Según un nuevo informe publicado este miércoles por la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, a dos semanas para las elecciones regionales el país continúa sumido en una ola de violencia electoral que se hace cada vez más letal y se expande a un mayor número de territorios.

En los 349 días que cubre el informe, PARES ha registrado 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. La magnitud del problema es tal que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada 1,5 días.

Del total de víctimas, un 45,65% (105) ha ocurrido luego de que se oficializaran las candidaturas el 27 de julio de 2019. En tan solo los últimos dos meses y medio del calendario electoral, tuvieron lugar 9 de los 22 asesinatos registrados, 74 de las 171 amenazas y 13 de los 27 atentados.

Parece claro que, subraya el informe, a medida que se acerca el día de las votaciones se intensifican los ataques y sube el riesgo para distintos actores relacionados con el desarrollo del proceso electoral. Todo, en el marco de un accionar insuficiente por parte del gobierno nacional.

Destaca que desde el 27 de octubre de 2018, 103 candidatos y 19 precandidatos han sido víctimas de violencia electoral (53 % de todas las registradas). Esto hace de los aspirantes a cargos de elección popular los más victimizados y, en parte, muestra la manera en que selectivamente se busca afectar sus posibilidades de acceso a los puestos de representación política. En la medida que es un mecanismo de competencia, los móviles de victimización varían entre la eliminación de contrincantes con intereses opuestos, los ajustes entre sectores corruptos y el aseguramiento o perpetuación del control territorial por parte de actores ilegales que ven sus intereses amenazados. Parece claro que esta tendencia reafirma un fallo rotundo en la implementación de enfoques preventivos y deja ver la incapacidad del Estado para garantizar medidas de protección efectivas.

Advierte que se atacan principalmente los cargos uninominales. Por otro lado, han sido victimizados 69 funcionarios públicos electos, en su mayoría concejales (40), alcaldes (13) y senadores (7) e igualmente 20 servidores públicos que ejercen distintos cargos en el Estado. Por demás, ha sido posible registrar violencia electoral en contra de 4 denunciantes de corrupción y 15 miembros de partido que cumplen distintas funciones en el interior de estas estructuras.

Por otra parte, los sectores políticos en crecimiento, es decir los partidos de oposición y gobierno, con pequeñas variaciones porcentuales son quienes han registrado mayor número de casos de violencia electoral durante lo corrido de las elecciones regionales.

De acuerdo con su alineación política, las víctimas de violencia electoral se distribuyen de la siguiente manera:

• Los partidos de gobierno registran 67
casos, lo cual significa un 29% del total
registrado. En contra de estos, han
ocurrido 48 amenazas, 8 atentados,
7 asesinatos, 2 secuestros, 1 caso de
extorsión y 1 de desaparición forzada.

• Por su parte, los partidos de oposición
registran 66 víctimas, acumulando
otro 29%, distribuido en 53 amenazas,
7 atentados, 3 asesinatos, 1 hurto, 1
retención ilegal y 1 caso de persecución.

• Los partidos independientes registran
42 víctimas que representan el 18%
del total y han sufrido 28 amenazas,
7 asesinatos, 6 atentados y 1 caso de
retención ilegal.

• Finalmente, en un 24% de los casos la
alineación política de las víctimas se
desconoce, debido a que no es posible
determinar una filiación a partir de los
perfiles

. La mayoría de las personas
sin alineación política identificada son: funcionarios públicos (20), candidatos (16) y precandidatos (9).

PARES resalta que el informe analiza el acumulado de víctimas y hechos de violencia electoral desde el inicio del calendario, el 27 de octubre de 2018 y hasta el 11 de octubre de 2019, describiendo las tendencias de victimización, los hechos, las víctimas y los perpetradores involucrados en este tipo de violencia política.

Y estas son las siete conclusiones más importantes del Informe:

1. La violencia electoral se ha tornado más letal e individualizada. Es decir, se han registrado menos casos de amenazas colectivas y han aumentado distintas formas de violencia selectiva. Graves casos como la masacre de Suárez, Cauca, en la que fue asesinada Karina García (candidata a la alcaldía) y el candidato al Concejo, Yeison Obando, o el asesinato de Bernardo Betancourt, candidato a la alcaldía de Tibú son muestra de esta tendencia.

2. La violencia electoral continúa ejerciéndose como mecanismo de competencia política y ha afectado principalmente a liderazgos y actores electorales de carácter local.

3. Los sectores políticos más victimizados han sido la coalición de oposición y la coalición de gobierno, que son quienes mostraron un potencial en las elecciones nacionales de 2018. Los sectores independientes, por su parte, también han sido constantemente victimizados, abarcando en distintos periodos entre 15% y 18% de todas víctimas registradas.

4. La identidad de los agentes perpetradores es desconocida en una amplia mayoría de los casos. Para el 71,7 % de las víctimas registradas en las bases de datos de PARES no figura un actor material o intelectual al cual pueda atribuírsele responsabilidad de los hechos.

5. La anterior conclusión, sumado a investigaciones en terreno, permiten concluir que los homicidios, atentados o amenazas, son ordenados o cometidos, en su mayoría, por competidores políticos de las víctimas y no se trata de una estrategia nacional para asesinar o amedrentar determinada corriente política.

6. Igualmente, en un análisis geográfico, concluir que hay una relación entre zonas de posconflicto y violencia política electoral no es cierto o no se puede sostener. Una buena parte de este tipo de violencia se cometió en zonas donde no hay un vacío de poder dejado por la extinta guerrilla de las FARC: Norte del Valle, zonas de la Costa Atlántica son un buen ejemplo.

7. Los lugares donde se ha concentrado gran parte de la violencia electoral se han mantenido relativamente constantes, sin mucha variación geográfica, a pesar de que en los últimos dos meses ha sido posible identificar nuevos hechos en departamentos en que antes de septiembre no se tenía registro. Actualmente, en el 85% de las 33 divisiones político-administrativas del país han ocurrido hechos de violencia electoral.

Metodológicamente, este informe ha sido construido a partir de fuentes primarias y secundarias trianguladas por medio de revisiones de prensa, fuentes de territorio y la consulta con autoridades e instituciones. Para efectos de registro, se han incluido hechos en contra de funcionarios públicos, candidatos y precandidatos, miembros de partidos o movimientos políticos y personas denunciantes de casos de corrupción que han sido victimizadas por ejercer control sobre dinámicas o grupos políticos corruptos.