Jamundí: Epicentro de guerra entre Eln, Los pelusos y los carteles de Sinaloa y Jalisco
En esta ocasión quienes se disputan dicho corredor son: el ELN, quien ha tenido presencia histórica en esos territorios; los Pelusos, cuya presencia data a inicios del 2018; la columna Jaime Martínez, al mando de alias Mayimbú de las disidencias de las FARC; y los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, cuya presencia se evidenció a mediados del 2018 con emisarios, pero, que ya se confirman como estructura armada en la región.
Estas agrupaciones han sido aliadas en su momento, como el caso del ELN con el cartel de Sinaloa, sin embargo, en los últimos meses, se ha vivenciado enfrentamiento entre estas organizaciones, como la de la noche anterior del jueves, principalmente, por el poder territorial.
La disputa por el control del corredor y las actividades asociadas al narcotráfico ha deteriorado la seguridad del municipio, principalmente, de aquellos acontecimientos alarmantes que atemorizan a la ciudadanía, como las tres masacres y el caso de falso positivo sucedidos durante el último año.
Primero, los hechos de la noche anterior (16 de enero de 2020), en el corregimiento de la Meseta, zona rural de Jamundí, donde se registró un enfrentamiento armado entre el grupo ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de la FARC-EP y el Cartel mexicano de Sinaloa.
Durante los enfrentamientos, que iniciaron a las 9 de la noche, entre estas dos agrupaciones, se perpetró una masacre de cinco personas a los cuales se les halló señales de tortura.
Además, dejando el corregimiento sin fluido eléctrico ni señal telefónica. Ante esta situación, mañana (18 de enero de 2020) se realizará en el municipio un Consejo de Seguridad para evaluar la compleja situación.
Segundo, la masacre de cuatro personas en el corregimiento de Guachinte, zona rural de Jamundí en octubre de 2019. Según el reporte oficial de la Policía de Jamundí, los cadáveres corresponden a tres hombres y una mujer, los cuales fueron asesinados con armas de corto alcance y con tiros de gracia en la cabeza.
Tercero, el presunto caso de falso positivo perpetrado por unidades adscritas al batallón de Infantería Pichincha del Ejército, donde un joven de la Guardia Indígena identificado como Omar Guasaquillo Guasaquillo fue asesinado y otro resultó herido en el corregimiento de Villa Rica, zona rural de Jamundí, en el mes de octubre de 2019.
En una primera versión presentada por la infantería del ejército, afirmaron se trató de un enfrentamiento, donde las víctimas habían disparado contra los uniformados. Sin embargo, posteriormente se conoció por parte de la comunidad que las víctimas estaban desarmadas, que los únicos que dispararon fueron los soldados, que el cadáver del indígena fue movido y que alguien quiso hacer parecer que ellos tenían en su poder un arma tipo changón y un arnés militar. La denuncia fue interpuesta por la Defensora de Derechos Humanos Lina Tabares, quien desde ese momento hasta la fecha ha estado recibiendo amenazas contra su vida.
Y, como cuarto hecho, la masacre perpetrada en enero de 2019, donde se encontraron cuatro cadáveres los cuales fueron arrojados de un vehículo en el corregimiento de San Antonio y posteriormente fueron identificados todos como miembros de una misma familia propietaria de un predio en la zona rural de Jamundí.
Jamundí se convirtió en el centro de disputa violenta entre carteles y grupos armados ilegales por su posición como corredor estratégico y centro de negociación para los grupos ilegales, al punto que desde hace alrededor de un año se instalaron los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, quienes disputan el control de las rutas del narcotráfico con las disidencias de las FARC y el ELN.
La violencia en este municipio se reavivó después de los acuerdos de paz por dos razones, primero, debido al problema de los cultivos de usos ilícito dado que Jamundí no tiene PNIS. Mientras que los campesinos y comunidades negras del municipio insisten en la sustitución voluntaria de los cultivos con procesos alternativos, el gobierno nacional apuesta por la erradicación forzada y glifosato en la zona, lo que ha generado constante tensiones entre la comunidad civil, el policía antinarcótico y el ejército.
Segundo, la salida de las FARC del territorio, como lo manifestó el fiscal Gonzáles en entrevista al periodista Édison Bolaños: “Antes había un dinamizador único que era las Farc, por el poder que tenían, y ahora se disgregó en varias organizaciones. Por eso, a veces se encuentran entre estos mismos bandidos y se dan bala”. Y es lo que ha ocurrido en el último año, donde se han registrado tres masacres y un caso de falso positivos.
La violencia acompañó al municipio hasta final de año y con ella ha dado inicio, a pesar del cambio en su dirección administrativa por parte de Andrés Felipe Ramírez Restrepo, el joven candidato del Partido Verde que derrotó las mafias locales en los anteriores comicios y que se posesionó el 1 de enero de 2020.
Si bien, se presume un cambio en término de lo político para el municipio, como lo estableció la Fundación Paz y Reconciliación:
Así que este municipio del sur del Valle está atravesando por un periodo de cambios en su composición urbana y demográfica a partir de su acelerado crecimiento, pero con los resultados de las elecciones locales recientes, se puede afirmar que comienza su transformación política.
La realidad en términos de seguridad es otra, lo que se constituye como el principal reto que tiene el alcalde electo, pues a tan solo 16 días de su posesión, ya debe afrontar una guerra entre arteles mexicanos, guerrillas y disidencias. En el Consejo de Seguridad que se realizará el día de mañana debe trazar la ruta para evitar que nuevas tragedias, como lo ocurrido en el último año se sigan presentando en el municipio vallecaucano.
Debe comprender que parte de la violencia que se registra es producto de la disputa por una de las zonas más privilegiadas y apetecidas para el narcotráfico en Colombia. Tiene el reto de contener, ya no solo las organizaciones criminales locales y nacionales que emergieron producto del conflicto armado como el ELN, sino, los residuos de los grupos paramilitares, las disidencias de la FARC y los carteles mexicanos – Sinaloa y Jalisco – que, tienen presencia y ejercen control en el municipio sin que las autoridades departamentales y nacionales lo quieran reconocer. (Informe Fundación Paz y Reconciliación, Pares).
#Atención habrá recompensa de hasta cien millones de pesos a quien otorgue información que permitan dar con la captura de los cabecillas que operan en Jamundí. Gobernadora @ClaraLuzRoldan indicó que se asumirán desde la @GobValle pic.twitter.com/OIbW5jgbiW
— Alcaldía de Jamundí (@AJamundiValle) January 18, 2020
